El Parlamento reclama el levantamiento de la suspensión cautelar del decreto de las 35 horas

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PSOE-A en defensa de la jornada laboral de las 35 horas semanales para los empleados públicos, en la que se insta a la Junta a reclamar al Ejecutivo nacional que solicite el levantamiento de la suspensión cautelar declarada por el Tribunal Constitucional tras la admisión del recurso que interpuso la administración central contra el decreto andaluz que regula dicha jornada.

La iniciativa ha sido apoyada en su totalidad por IULV-CA y parcialmente por PP-A, Podemos y Ciudadanos, se han abstenido en algunos puntos.

El Parlamento ha instado a la Junta a que presente alegaciones ante el Tribunal Constitucional oponiéndose a la suspensión del decreto ley que regula la jornada de 35 horas, atendiendo "a los graves perjuicios, irreparables e injustificados que la suspensión de la norma conlleva".

Además, se ha reclamado a la Junta que inste al Gobierno central a solicitar el levantamiento de la suspensión declarada por el Tribunal Constitucional tras la invocación, en el recurso de inconstitucionalidad, de la prerrogativa que la Constitución otorga al Ejecutivo nacional para que su impugnación produzca la suspensión de la norma.

Otra demanda que afecta al Gobierno central consiste en que incluya en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año la posibilidad de que las distintas administraciones públicas puedan ejercer sus competencias de autoorganización para regular la jornada laboral de sus empleados públicos.

En defensa de la iniciativa, el diputado del PSOE-A Jesús María Ruiz ha indicado que los empleados públicos fueron usados por el Gobierno central "como variable de ajuste con la excusa de la crisis" y ahora pretende poner "cortapisas" a las competencias de las comunidades a la hora de regular las condiciones laborales de estos profesionales. Ha denunciado la "cobardía política" del PP-A por no haber dado la cara por Andalucía y por sus empleados públicos.

Por su parte, el parlamentario del PP-A Pablo Venzal ha dicho que cuando la Junta aprobó el decreto de las 35 horas "sabía que el Tribunal Constitucional se había pronunciado por tres veces diciendo que las comunidades no eran competentes para fijar la jornada laboral". Ha indicado que todos los diputados coinciden en querer "lo mejor para los andaluces" y en que "respetan el Estado de derecho", lo que pasa, según ha añadido, por "respetar la división de poderes" y las sentencias.

No obstante, ha avanzado que su grupo va a ser "el primero" que, si la cuestión de la devolución de las 35 horas "no se arregla en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 o vía ley", se lo "demandará" al presidente del Gobierno.

El diputado de Cs Julio Díaz ha querido dejar claro que su formación no está en contra ni se opone a que se restituya la jornada de 35 horas para los empleados públicos, "ni cree que haya nadie de este Parlamento que esté en contra". Ha señalado que la confrontación no es herramienta para resolver los problemas, sino que aleja a los ciudadanos de la política, y ha indicado que los problemas de los empleados públicos no solo están relacionados con sus horas de trabajo, sino con la conciliación de la vida laboral y familiar, la gestión del talento o la mejora de las condiciones de trabajo.

Por parte de Podemos, la diputada Begoña Gutiérrez ha apuntado que el tema de la recuperación de las 35 horas para los empleados públicos es "ya un poco repetitivo" cuando es "una cosa de puro sentido común" que atañe a "uno de los colectivos más afectados" por la crisis económica, al haber perdido en torno a "un 20 por ciento de poder adquisitivo" durante la misma, según ha lamentado.

La diputada de IULV-CA Elena Cortés ha manifestado que la comunidad autónoma tiene capacidad de autoorganizar su administración y ha calificado de un "disparate, de una tropelía, de un atropello y de una vulneración de los derechos de los empleados públicos" el recurso del Gobierno central contra el decreto andaluz.