El Parlamento reclama que prejubilados con 40 años cotizados cobren su pensión sin coeficientes reductores

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves pedir a la Junta que demande al Gobierno central que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en la Ley de la Seguridad Social con el fin de que en los casos de acceso a la jubilación anticipada por voluntad del interesado, en los que se acredite un periodo de cotización efectiva de 40 años, sean excluidos de la aplicación los coeficientes reductores establecidos en el artículo 208 de la citada norma.

Así lo ha acordado el Pleno en virtud de una proposición no de ley (PNL) promovida por el PSOE-A reclamando medidas de protección para beneficiarios de pensiones de jubilación anticipada, que en ese punto ha salido adelante con el apoyo de Podemos e IULV-CA y la abstención de Ciudadanos (Cs), y pese al voto en contra del PP-A.

Ha obtenido, en cambio, el apoyo unánime de los grupos el primer punto de la iniciativa, que rechaza cualquier reforma que afecte a las pensiones de jubilación que no se lleve a cabo en el marco del Pacto de Toledo.

De igual modo, y gracias a los votos de PSOE-A, Podemos e IULV-CA, el Parlamento pide que, en los casos de acceso a la jubilación anticipada por voluntad del interesado, en los que se apliquen coeficientes reductores por trimestre o fracción de trimestre que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación conforme a lo dispuesto en el artículo 205.1. a) de la citada ley "dejen de aplicarse los coeficientes reductores desde el momento en el que el pensionista cumpla la edad legal de jubilación".

El Parlamento también ha pedido en el marco de esta iniciativa cambios normativos para que aquellos jubilados anticipados, bien voluntarios o forzosos, cotizantes por el Régimen General como trabajadores por cuenta ajena así como por el de autónomos, con 40 o más años cotizados, que en el momento de promulgarse las correspondientes modificaciones de la Ley General de la Seguridad Social, tengan ya cumplidos los 65 años de edad o más, "también se les deje de aplicar los referidos coeficientes reductores, y se les calcule la pensión conforme a su base contributiva y los años cotizados".

Asimismo, la iniciativa aprobada plantea que los trabajadores que hayan accedido a la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador que hayan percibido ayudas públicas como consecuencia de ello, y tengan ya cumplidos los 65 años de edad o más, también se les deje de aplicar los referidos coeficientes reductores, y se les calcule la pensión conforme a su base contributiva y los años cotizados.

En defensa de la iniciativa, el diputado del PSOE-A José Latorre ha partido de la premisa de que el sistema público de pensiones español "fue, es y será sostenible en el futuro", y ha argumentado que hay que realizar determinadas modificaciones legislativas para que aquellas personas que quieran acceder a la jubilación anticipada, y con un determinado número de años cotizados legalmente establecidos, no sean objeto de una aplicación de coeficientes reductores donde vean mermadas su capacidad económica.

Se trata, según ha incidido, de que aquellas personas que accedan a la jubilación anticipada por su propia voluntad y que acrediten un periodo de cotización efectiva de 40 años no sean "castigadas" con dichos coeficientes reductores que marca la ley.

El diputado socialista también ha advertido de que existe un agravio comparativo con los jubilados a la edad ordinaria de 65 años con 35 años cotizados, ya que estos con menos años de cotización tienen mayores pensiones que los jubilados anticipados con más años cotizados.

PP-A HABLA DE MEDIDAS "INASUMIBLES" POR SU COSTE

Frente al argumentario socialista se ha situado el PP-A a través de la diputada Patricia del Pozo, quien ha cargado contra la "irresponsabilidad" del PSOE-A por "usar el Parlamento andaluz para tratar de desestabilizar sistemas que afectan a las entrañas" del Estado del bienestar, y con medidas que "suponen un impacto financiero de tal magnitud que harían inviable el sistema público de pensiones" y son "inasumibles por su elevadísimo coste".

En esa línea, la diputada 'popular' ha aseverado que esta actitud "no es propia de un partido" que el PP "considera serio, democrático y con sentido de Estado", ni favorece la "reconstrucción" del PSOE, al tiempo que ha defendido que los coeficientes reductores no suponen "una penalización, sino un factor más", y que "una cosa es que ese coeficiente sufra una minoración y otra muy distinta es su eliminación por completo".

Para posicionar a Podemos ha intervenido el parlamentario Juan Ignacio Moreno Yagüe, quien ha valorado como "correcta" la iniciativa socialista y ha avisado de la gravedad de incurrir en injusticias en materia de pensiones porque eso "afecta a la vida de decenas de miles" de personas. Al respecto, ha lamentado que "desde los años 80 se han bajado las pensiones en este país varias veces", y ha aseverado que "el futuro de las pensiones va a depender de un esfuerzo que hagamos entre todos", porque la llamada 'hucha de las pensiones' solo "da para octubre de este año".

Por parte de Ciudadanos (Cs), el diputado Julio Díaz ha subrayado que "las pensiones están blindadas constitucionalmente", así como que es en el marco del Pacto de Toledo donde hay que "consensuar una reforma del sistema de pensiones que asegure su sostenibilidad". Ha defendido así "un sistema público de pensiones" que sea además "transparente", de modo que "cada persona pueda en cada momento de su vida laboral saber cuánto cobraría en caso de que se jubilara", y que se garanticen "pensiones adecuadas" para evitar "situaciones de pobreza" entre sus beneficiarios.

Finalmente, para posicionar a IULV-CA ha intervenido la portavoz adjunta del grupo, Elena Cortés, que ha aprovechado su intervención para defender el sistema público de pensiones y para hablar del "falso debate sobre la sostenibilidad" del mismo, y en esa línea ha criticado al gobernador del Banco de España, Luis María Linde, por haber planteado esta semana "de nuevo el retraso en la edad de jubilación, impulsar los planes de pensiones privados y bajar la cuantía de las pensiones".