Parlamento valida el acuerdo de la Junta con Clínicas Pascual para pagar 121 millones y acabar con el litigio judicial

SEVILLA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha validado este miércoles el decreto de autorización al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la firma de un acuerdo transaccional con el grupo empresarial sanitario José Manuel Pascual Pascual SA, por el cual la Junta de Andalucía abonará 121 millones de euros a esta empresa para que desista de los procedimientos judiciales que tiene abiertos contra el Gobierno andaluz por la resolución de contratos anteriores.

El Gobierno andaluz abonará esos 121 millones en cinco pagos anuales de 24,21 millones, cuya primera anualidad será antes del 31 de marzo de 2023 y las siguientes anualidades se abonarán antes de 31 de diciembre de 2023, 2024, 2025 y 2026.

El acuerdo lo han refrendado PP y Vox, mientras que lo han rechazado PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía. Se ha registrado una abstención en la bancada socialista, previsiblemente, por un error en el sentido del voto.

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, quien ha defendido la iniciativa ante la Cámara autonómica, ha sostenido que este acuerdo extrajudicial supone un ahorro del 55% para las arcas públicas autonómicas por cuanto la reclamación judicial de la empresa era de 242 millones más intereses, que ha cifrado en 39 millones de euros.

La consejera ha reconocido que se trata de "un gasto extraordinario del SAS" pero que traerá un ahorro en previsión de evitar la acumulación de fallos judiciales favorables al Grupo José Manuel Pascual Pascal.

En su relato del contencioso que ha mantenido el Gobierno con este grupo empresarial, con el que ha concertado sus clínicas en las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga, García ha destacado que es una relación entre ambas partes que supera las dos décadas y entre los desencuentros ha mencionado que la Junta de Andalucía utilizó entre 2014 y 2017 tres hospitales en Cádiz "sin firmar un papel" y que supuso destinar 407 millones a las Clínicas Pascual, que exigió 240 millones sin intereses.

El contencioso entre la Junta de Andalucía y el Grupo Pascual Pascual afecta a la concertación de la Clínica Santa María del Puerto (El Puerto de Santa María, Cádiz); Virgen de las Montañas (Villamartín, Cádiz); Virgen del Camino (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz); San Rafael (Cádiz); Blanca Paloma, (Huelva); y Facultativo Doctor Pascual, (Málaga).

García ha apelado a "la inseguridad patente y manifiesta" que debía afrontar el Gobierno andaluz en su relación con Clínicas Pascual, mientras que ha elogiado la actitud de ambas partes, "decididas a hacer un esfuerzo en todos los procedimientos en vigor" y que le les lleva a constituir una comisión de seguimiento paritaria.

La consejera de Salud ha defendido igualmente que en junio de este año la Junta de Andalucía ha renovado sus conciertos con el Grupo Pascual mientras que ha sostenido que el actual Gobierno andaluz "aporta transparencia, rigor presupuestario" dentro de lo que ha descrito como un ejercicio donde "este Gobierno afronta y propone soluciones", antes de reclamar el apoyo parlamentario "a fin de evitar perjuicios al erario y daño reputacional".

PSOE: NO ES REGALARLE 121 MILLONES E IR CONCERTANDO INDEFINIDAMENTE

La parlamentaria socialista María Ángeles Prieto ha evocado el informe de la Agencia de Defensa de la Competencia para poner de manifiesto que acusaba al Grupo Pascual Pascual de "abuso de posición de dominio", mientras que ha recriminado al Gobierno andaluz que "no se llama deuda, es aceptar el abuso por parte de Pascual, el problema se llama Pascual", para defender entonces que "el Gobierno socialista no aceptó el abuso y fue a los tribunales a pelear el abuso" y concluir sobre la actitud del Gobierno andaluz que "no es regalarle 121 millones e ir concertando con ellos indefinidamente".

A juicio de la diputada socialista, con el acuerdo extrajudiacial entre la Junta de Andalucía y Pascual "deja claro quién tiene el poder: las operadoras sanitarias privadas" y concluir que son decisiones que redundan en "la privatización que ustedes niegan".

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha recordado la sanción de 5 millones de euros de la Agencia de Defensa de la Competencia a José Manuel Pascual Pascual por abuso de su posición de dominio y ha denunciado "un beneficio ilícito de 164 millones de euros" de este grupo empresarial, del que ha recordado episodios como que cobraba al SAS cobraba "un 82% más en mamografías y un 564% en las vasectomías", mientras que ha recriminado al Gobierno andaluz que haya alcanzado "el concierto más alto de la historia, el mejor convenio de Pascual en la historia", al tiempo que ha recordado que "a la Fiscalía solo le ha llevado mi grupo" denuncias contra el Grupo Pascual y concluir que "le han robado a la Junta de Andalucía antes con la decisión del PSOE y ahora con la suya".

La presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha calificado los conciertos con la empresa Pascual como "un ejemplo de privatización, de venta a plazos", hecho que ha sustentado en que el acuerdo suscrito en este 2022 es de 771 millones de euros, para apuntar entonces que se prevé un beneficio en el contrato de 46 millones de euros y concluir que "no es nuestro modelo", reproche que ha sustentado en que "aumentaron un 43% el Presupuesto en externalizaciones" y advertir de que "batimos el récord en 2021 en conciertos".

"La mutua desconfianza no se va a resolver, el problema de fondo no se está tratando", ha augurado la parlamentaria de Adelante Andalucía.

PP: TRAMPA MILLONARIA DE 300 MILLONES POR UNA MALA GESTIÓN

La diputada del PP Beatriz Jurado ha sostenido que "el PSOE es responsable de lo que hoy traemos a debate" tras argumentar que este partido al frente de la Junta de Andalucía durante "tres años consecutivos ha permitido que la prestación sanitaria se preste por una empresa privada sin ningún tipo de convenio, papel" y colegir que "quien creó el modelo de concierto fue el PSOE, no solo con Pascual" al generalizar el concierto sanitario y advertir que a la actual Junta de Andalucía le ha correspondido afrontar "una trampa millonaria de 300 millones de euros por la mala gestión, por la mala cabeza socialista, que no fue capaz de llegar a un acuerdo y defender los intereses de los andaluces", antes de insistir en un ahorro de más de 150 millones con el acuerdo alcanzado.

La diputada de Vox Mercedes Rodríguez ha considerado que "hoy se da un paso importante" tras esgrimir que "un procedimiento reglado dota de mayores garantías" por cuanto el Gobierno andaluz se veía abocado a afrontar "un problema millonario histórico, que nos has costado tanto tiempo y recursos", entre los que ha situado el riesgo de "perder 281 millones de euros para las arcas públicas".

"El acuerdo que nos trae es un acuerdo más que razonable", ha sostenido Mercedes Rodríguez, quien ha apelado a que "no podemos dejar de obviar dónde estamos y venimos", en referencia a la herencia de los gobiernos socialistas, antes de advertir que "nos preocupa la asistencia sanitaria, que no hay alternativa pública a estos hospitales", y recordar al Gobierno andaluz que "es su segunda legislatura", aun cuando ha invocado "todos son ventajas en la colaboración público privada" y ha anunciado que "por eso vamos a votar a favor".