GRANADA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía pide cinco años de prisión para una acusada que, en sus labores como procuradora de la empresa General de Galerías Comerciales, se quedó supuestamente con importes por un valor de casi 390.000 euros que tenía la obligación de entregar a la mercantil por mandamiento del Juzgado de Primera Instancia 9 de Granada.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusada, como procuradora de los tribunales y en representación de la compañía del empresario Tomás Olivo en variados pleitos, recibió, "con obligación de entregarlo a dicha mercantil", con fecha 30 de diciembre de 2011, un mandamiento de devolución por importe de 52.192 euros, "cantidad que ocultó a su mandante e hizo suya en perjuicio de éste".
Tenía "intención de obtener un ilícito enriquecimiento", según agrega el fiscal acerca de esta mujer que, con fecha 16 de septiembre de 2015, "con mismo destino y cometido", recibió otros 336.245 euros por "diligencia de ordenación dictada en el mismo juzgado" granadino.
Igualmente, esta cantidad la "hizo suya, negándose a entregarla cuantas veces fue requerida para ello, en beneficio propio y en perjuicio de su cliente", no habiendo reintegrado dichos montantes hasta la fecha.
El fiscal considera que los hechos son constitutivos de dos supuestos delitos de apropiación indebida --por los que le pide por cada uno dos años y medio de prisión e inhabilitación para ejercer como procuradora, y multa de 1.620 euros-- y de deslealtad profesional, por los que le solicita multa de 2.700 euros y otros dos años de inhabilitación.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto enjuiciar estos hechos el próximo 19 de octubre.