Presentan 54.000 firmas este jueves en el Parlamento para la supresión del tributo

SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación STOP Impuesto Sucesiones, Juan Carlos Valverde, presentará este jueves en la sede del Parlamento Andaluz una petición, respaldada por 54.402 firmas, para que los grupos políticos promuevan actuaciones legislativas tendentes a reducir, bonificándolo al máximo, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía.

Según indica la plataforma en una nota, al acto, convocado a partir de las 11,00 horas, se ha invitado a afectados y simpatizantes de la plataforma, que se concentrarán en la puerta del Parlamento.

Los integrantes de STOP Impuesto Sucesiones apelan a todos los grupos políticos a que "ayuden a los andaluces a escapar de la discriminación y de la vejación que supone tener que pagar, por heredar, impuestos extremadamente superiores a los que pagan otros españoles radicados en otras comunidades autónomas, lo que constituye una clara violación del principio de igualdad ante las leyes, consagrado por nuestra Constitución".

Según el presidente de la Asociación, "a diario recibimos decenas de peticiones de ayuda de afectados, que ven arruinadas sus vidas por no poder afrontar el este cruel impuesto de sucesiones". Ha recordado que "la Junta de Andalucía impone unas cuantías 100 veces superiores a las que pagan las familias de Madrid o Canarias y muy superiores a las de otras muchas comunidades autónomas".

STOP Impuesto Sucesiones defiende la tesis de que "este impuesto es anticonstitucional" y añade que les consta que "ese pago elevado del Impuesto de Sucesiones y Donaciones disuade a muchos profesionales a establecer su residencia en Andalucía".

"La geografía andaluza está jalonada de miles de casos que
reflejan dolor, indignación y rabia impotente en familias y personas que
tuvieron que renunciar a la herencia recibida de sus mayores o que
tuvieron que endeudarse para abonar a la Junta los tributos
desmesurados exigidos, gran parte de los cuales están documentados
en los archivos de la plataforma ciudadana Stop Impuesto Sucesiones, a
disposición del Parlamento de Andalucía", manifiesta la plataforma.

A reglón seguido dice que "los andaluces y quienes, aún no
siéndolo, residen y trabajan en esta Comunidad, no podemos ser
ciudadanos de tercera y estar injustamente discriminados por este
impuesto sólo por esa condición".

El presidente de la Asociación insiste en que "los andaluces
tienen derecho a la protección y conservación del patrimonio generado a
través de varias generaciones, y a que quede en el seno de la familia por causa de sucesión. Negárselo es negarle protección a la familia, como germen de la sociedad y del Estado".

Insiste en que son muchas las actuaciones que "todos y cada uno de los grupos parlamentarios pueden ofrecer en beneficio de los andaluces", por eso pide que "no nos den la espalda".

"Más de 50.000 andaluces son muchos, ténganlo presente, bastarían
40.000 firmas para promover una iniciativa legislativa popular, vedada a
los ciudadanos en materia de impuestos. Pero los grupos parlamentarios sí pueden promover iniciativas legislativas en este sentido", asevera el presidente de STOP Impuesto Sucesiones.

En la demanda al Parlamento de Andalucía, la Plataforma "entiende
como derechos fundamentales de los ciudadanos los siguientes,
consagrados en nuestra Constitución, esto es, el Articulo 9.3, que garantiza el principio seguridad jurídica; el articulo 19, al establecer que 'los españoles tienen el derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional' o el articulo 31 de la norma, que establece, respecto al sistema tributario, que 'todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario, justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio'".

Recuerda que el articulo 33.1 subraya que "se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia", mientras que en el articulo 35 se establece el derecho al trabajo y a la "libre elección de profesión y oficio", y en el artículo 39 se garantiza y asegura la "protección social, económica y jurídica de la familia".