Podemos Andalucía condena el desalojo de la finca de Somonte

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha condenado este viernes que la Guardia Civil haya desalojado la finca Somonte, situada en Palma del Río (Córdoba), como ha denunciado el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que, según la central, "estaba siendo autogestionada por trabajadores en paro".

En una nota de prensa, la formación morada ha subrayado que Somonte es un finca pública "que estaba abandonada y quería ser subastada para fines privados" pero ante esta situación, "jornaleros decidieron ocuparla para aprovechar y cultivar la tierra pública y evitar su privatización".

"Desde entonces se ha dado trabajo a 20 personas y tres familias viven de forma permanente en la finca, se ha cultivado la tierra cuyos beneficios han sido repartidos de forma solidaria, e incluso ha hecho ganar 170.000 euros a la Junta provenientes la PAC, todo ello gracias al trabajo de los agricultores de Somonte", prosigue Podemos.

Así, el partido que lidera en Andalucía Teresa Rodríguez ha señalado que "la responsabilidad del Gobierno andaluz debería ser aprovechar la riqueza del campo andaluz generando empleo de calidad con un uso social y sostenible".

Sin embargo, ha lamentado, "ante la desoladora situación del campo andaluz, tenemos un Gobierno andaluz paralizado, incapaz de proponer alternativas, y su solución para todos los problemas es el enfrentamiento a los trabajadores y el desalojo, provocando el abandono del cultivo, de los animales y destrucción de empleo", apostilla.

"Ante la permanente incapacidad del Gobierno de Susana Díaz, desde Podemos Andalucía apoyamos el derecho de los jornaleros de cultivar la tierra pública de Somonte", agrega en Podemos antes de apostar por poner a producir las tierras públicas con el objetivo de crear empleo, mejorar la renta agraria para garantizar precios justos y controlar los costes de producción, y proteger el suelo agrario frente a la especulación.

Asimismo, el partido morado ha defendido que es necesaria una reforma de la Política Agraria Común "con los objetivos de mejorar el reparto de la misma y ponerla al servicio de un nuevo modelo de producción social y sostenible".