Podemos urge a la Junta la declaración como BIC de cuatro enclaves cuyos expedientes se abrieron "hace más de 30 años"

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Podemos Andalucía ha solicitado a través de una proposición no de ley (PNL) la declaración urgente como Bien de Interés Cultural (BIC) para cuatro enclaves patrimoniales andaluces cuyos expedientes "se abrieron hace más de 30 años en el mejor de los casos, pero que el Gobierno andaluz, en su inacción, los mantiene en un limbo legal, pues ni los revisa, ni los cierra ni procede a su protección".

En este sentido, y atendiendo a su especial relevancia histórico-cultural, Podemos ha solicitado que, en un plazo máximo de cuatro meses, el Gobierno andaluz haga efectiva la declaración como BIC de la antigua estación de ferrocarril de Almería --cuyo expediente se abrió en 1985--; el centro histórico de Lucena (Córdoba) --con expediente desde 1972--; el centro histórico de Salobreña (Granada) --cuya tramitación se inició en 1965--; y la Plaza de España en Sevilla --cuyo expediente se inició en 1981--.

Según informa la formación morada en una nota, desde Podemos, además, se ha censurado a la Consejería de Cultura por su "inactividad" en decenas de expedientes incoados "que llevan décadas esperando respuesta por parte de la administración sin que ésta, a pesar de las leyes que la obligan, declare las figuras de protección necesarias y destine el presupuesto para ello".

Por este motivo, la iniciativa de Podemos Andalucía insta al Consejo de Gobierno a revisar todos los expedientes incoados al amparo de la Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía como inicio del trámite para la declaración de BIC en territorio andaluz, y que no fueron resueltos ni cerrados en los plazos establecidos, de modo que se proceda a resolverlos en el plazo máximo de seis meses.

Como ha explicado la portavoz de Cultura de Podemos Andalucía, Lucía Ayala, "a pesar de la precisión de las leyes en cuanto al procedimiento a seguir y los plazos a cumplir para tramitar la protección de los bienes del patrimonio andaluz, la realidad de su aplicación dista mucho de su literalidad".

"Esta circunstancia hace que decenas bienes y monumentos andaluces se encuentran en una situación de vulnerabilidad, de modo que no cuentan con garantías reales de protección, puesto que la coyuntura provisional prevista en la ley viene aparejada a trámites y plazos que nunca se concluyeron ni cumplieron", ha añadido.

Para Ayala, "esta provisionalidad permanente genera grietas legales que pueden ser usadas a capricho para justificar su desprotección efectiva". "Así, todas las provincias andaluzas cuentan con numerosos bienes en el limbo de las incoaciones no resueltas, muchos de ellos de especial significado histórico, artístico y patrimonial", ha apostillado.

CASOS DESTACADOS

"Por citar algunos de los casos más conocidos, en la provincia de Almería destaca la imponente Estación Antigua del Ferrocarril, un majestuoso ejemplo de la arquitectura de hierro y cristal de finales del siglo XIX, cuyo expediente fue incoado en 1985, cuando se aprobó la Ley de Patrimonio Histórico Español", ha detallado la parlamentaria, quien ha recalcado que "32 años después, el expediente sigue sin cerrarse, algo que dista mucho de los 18 o 20 meses que establecen las legislaciones de patrimonio".

En este sentido, Ayala ha indicado que "como consecuencia, y agravado por la incertidumbre sobre su función futura, este monumento ha sufrido numerosas amenazas de demolición y malos usos, habiéndose realizado intervenciones en la misma sin el control legal que debiera corresponder a un bien de este calibre".

"A pesar de las constantes voces de alarma que la ciudadanía eleva, siendo lugar recurrente de concentraciones de protesta, la Junta no ha procedido aún a resolver el caso", ha apuntado.

Para la portavoz morada del área de Cultura, "la misma suerte corren la Plaza de España en Sevilla o los cascos históricos de Lucena y Salobreña, que también engrosan la lista de lugares que debieran estar sujetos al máximo grado de protección con todas las garantías legales pero que, por la ineficacia de las administraciones, permanecen en este estado de vulnerabilidad, provisionalidad y desprotección".