GRANADA 8 May. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha cifrado en cerca de siete millones de euros el importe defraudado por las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos en la Alhambra desde 2007 hasta 2015, en el marco de lo que considera una "trama" de un "grupo criminal perfectamente organizado" en cuya "cúspide" estaban "los máximos responsables del Patronato de la Alhambra y el Generalife".
Casi la mitad de los detenidos son trabajadores del monumento y entre los arrestados también se encuentran la exdirectora de la Alhambra María del Mar Villafranca, la exsecretaria general del monumento Victoria Chamorro y el que fuera jefe de la Sección Económica y de Contabilidad del Patronato de la Alhambra, José María Visedo, según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación. Tras prestar declaración ante la Policía están quedando en libertad a la espera de ser llamados por el juez.
A raíz de la llamada 'Operación Colina Roja II' que se ha desplegado este martes en Granada, la Policía Nacional ha remitido a los medios un comunicado en el que eleva a 24 las personas detenidas como presuntas responsables de delitos de pertenencia a organización criminal, fraude a la Administración, malversación y tráfico de influencias.
Explica que la investigación actual deriva de la iniciada en 2015 sobre presuntas irregularidades en la adjudicación y gestión del contrato de audioguías en el conjunto monumental por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.
A juicio de este cuerpo, esta investigación "evidencia" que los hechos delictivos "no son aislados, sino que las irregularidades se extenderían a un número de empresas que se estarían beneficiando de la adjudicación irregular de contratos por parte del Patronato de la Alhambra y el Generalife, actuando los responsables como un grupo criminal perfectamente organizado".
Esto ha dado lugar a la segunda fase denominada 'Operación Colina Roja II', de la que conoce el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada.
Al igual que en la fase anterior realizada por el Grupo de Delincuencia Económica de Granada, la investigación se centra en el estudio de la totalidad de los contratos adjudicados por el conjunto monumental a ocho empresas desde 2007 hasta 2015.
La presunta trama corrupta utiliza como 'modus operandi' la adjudicación ilegal de contratos a empresas, que se comprometían a contratar una red clientelar de trabajadores denominados "de la casa" afines a la cúpula directiva.
La organización tenía una estructura piramidal. La cúspide estaba formada por los máximos responsables del Patronato de la Alhambra y el Generalife. El "Personal Intermedio del PAG (Funcionarios)" y "Personal Externo (empresas investigadas)".
Éste personal intermedio del PAG, "connivente y conocedor de la ilegalidad de los contratos públicos adjudicados, sostiene y da solvencia administrativa al procedimiento administrativo, con la emisión de informes técnicos y de valoración", según las investigaciones policiales.
También visa y conforma el pago de las facturas presentadas, en las que figuran adjuntas una serie de memorias justificativas de los trabajos realizados, que a juicio de la Policía no se han llevado a cabo, sin que exista "ni un solo documento, acta, informe que avale su realización real, correcta y efectiva". No obstante, los trabajos eran abonados por el Patronato de la Alhambra.
Agrega la Policía que "dentro de este personal externo, figuran ciertas personas, que han ostentado un puesto de suma responsabilidad en esa administración paralela que se ha creado en el PAG".
Del estudio de la documentación se ha cuantificado la cantidad defraudada por esta organización en cerca de siete millones de euros. Los detenidos quedan en libertad con cargos a la espera de ser citados por el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada.