SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha continuado este lunes el juicio relativo a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas (Sevilla) Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares o innecesarios y las ayudas directas y sin publicidad, con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía.
La sesión ha estado dedicada a la comparecencia como acusada de Encarnación Poto, quien fuera presidenta del consejo de administración de esta sociedad anónima laboral que, allá por 2003, promovió un expediente de regulación de empleo para prejubilar a 35 empleados con cargo a fondos de la Junta de Andalucía, acogiéndose ella misma al procedimiento pero conservando un puesto en el consejo de administración y cobrando por ello.
En ese sentido, durante el desarrollo de la vista oral, acusados y testigos han reconocido que las prejubilaciones del citado ERE fueron ofertadas en condiciones bastante o muy "favorables". Así lo dijo por ejemplo el exdirector de Recursos Humanos de Acyco y abogado de la empresa, Gabriel Barrero, acusado en este juicio.
Es más, según el que fuera jefe de fábrica de Acyco entre 2001 y 2011, quien declaraba como testigo, los empleados acogidos al ERE de Acyco manifestaban que las prejubilaciones eran "casi mejor" que ganar "la lotería", pues las rentas alcanzaban casi el cien por ciento del salario.
En ese sentido, Encarnación Poto ha rememorado que Acyco estudiaba la renovación de parte de su plantilla al figurar en la misma personal "no cualificado" para la nueva maquinaria adquirida por la empresa, cuando el abogado José Miguel Caballero, también acusado en el juicio y que había "asesorado" a la entidad durante la constitución de la misma, se personó "voluntariamente" en las instalaciones de Acyco manifestando a Gabriel Barrero que se "había enterado" de que la empresa tenía "pendiente un ERE".
Según ha declarado Encarnación Poto, este abogado al que ya conocía por su labor en la UGT y por la fundación de la sociedad habría dicho entonces que él era "experto" en la gestión de los ERE y, dada la "confianza" de la empresa con él por su papel durante la fundación de la misma, él "montó todo" el asunto del ERE de 2003.
En ese punto, Encarnación Poto ha asegurado que Caballero dejó "claro" que el ERE "no costaría nada" a Acyco, sino que sería la Junta de Andalucía quien correría con los costes.
"Nosotros planteamos la necesidad de cambiar trabajadores. Él montó todo el sistema" del ERE, ha narrado, insistiendo en que Caballero se presentó como "un especialista, un experto" en ese tipo de procedimientos y opinando que quizá el citado abogado se encargó de la tramitación de "200 ERE". Acyco aceptó la propuesta, según ha admitido, porque le resultaba "mucho mejor" que la Junta costease el ERE y que lo gestionase "un experto".
Según ha continuado, fue en la primera cita en el despacho del abogado, cuando descubrió para su "sorpresa" que Caballero ya no trabajaba para UGT, sino para la firma de abogados Garrigues, a la que actualmente ya no pertenece.
"TODO LO LLEVÓ JOSÉ MIGUEL"
"Todo lo llevó José Miguel", ha insistido, admitiendo eso sí que ella participó en dos reuniones con el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, también acusado en este juicio y recientemente fallecido.
En cuanto a la figura de la asociación 3 de julio de extrabajadores de Acyco como tomadora de la póliza de rentas del ERE, Poto ha declarado que Antonio Alamino, extrabajador de Acyco, otrora presidente del comité de empresa por UGT y prejubilado en el ERE le habría trasladado dicha fórmula bajo la premisa de que Caballero ya la había usado en "otros ERE anteriores". Empero, ha reconocido que para ella no era una fórmula "muy normal".
Además, ha defendido que ella decidió acogerse al ERE "desde el primer día" y que fueron los socios trabajadores de la propia empresa y el Grupo SOS como nuevo socio inversor de la misma, quienes "no querían" que abandonase la actividad al frente de Acyco. Según su relato, finalmente fue alcanzado un "acuerdo" para que ella continuase en el consejo de administración hasta que se consolidase "la fusión" de Acyco con SOS.
A colación, ha defendido que tras consultas con el Grupo SOS y con Caballero sobre la compatibilidad de sus emolumentos como prejubilada en el ERE, ninguna de las partes "puso pegas".
Respecto al anexo emanado de la segunda reunión con Francisco Javier Guerrero con el listado de trabajadores beneficiarios de las prejubilaciones, Poto ha asegurado que ella supo "mucho más tarde" de la inclusión de dos "intrusos", es decir personas que no habían trabajado nunca para Acyco. Se trataba de Andrés Carrasco, acusado en este juicio y "amigo" declarado del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; y el exalcalde socialista de San Nicolás del Puerto Domingo Martínez, fallecido tiempo atrás.
Según ha asegurado, ante dicha circunstancia fue remitido "un fax" a "Caballero o algún otro administrativo" del despacho Garrigues y la empresa habría recibido "inmediatamente respuesta de que todo estaba arreglado", lo que le ha llevado a reiterar que José Miguel Caballero "llevaba toda la documentación" y que Gabriel Barrero la asistía en las gestiones que realizaba.
EL ANTICIPO
Respecto a los 210.000 euros anticipados por siete miembros de Acyco para activar la póliza de las prejubilaciones del ERE, ante un supuesto incumplimiento de los pagos por parte de la Administración andaluza, ha explicado que como "la mutua exigía" el primer pago de la póliza, ella, otros miembros del consejo de administración y algunos jefes de producción acordaron correr el "riesgo" de aportar el dinero mediante "préstamos personales", porque Acyco "no tenía fondos" para ello, bajo la premisa de que el dinero les sería devuelto.
Manifestando que no contaba con garantía documental o verbal respecto a dicha devolución, Poto ha insistido, una vez más, en que "todo lo llevaba Caballero". "Yo no dudé nunca de él", ha asegurado, negando que supiese de la factura cargada a la Junta a nombre de la asociación 3 de julio, supuestamente con relación a dicho adelanto.
También se ha pronunciado sobre la ayuda de 125.000 euros solicitada en 2009 por Acyco para "el mantenimiento de 144 puestos de empleo", cuya primera y única partida fue usada para sufragar parte de los honorarios de Garrigues por el ERE de 2003, según el que fuera director de Recursos Humanos de Acyco y además acusado, Gabriel Barrero, y según la Guardia Civil.
Poto ha rememorado que Caballero le reclamó los honorarios por su trabajo en el ERE "cuando vio que la Junta ya no tenía fondos" y ella se negó a pagarle porque fue él quien acudió "voluntariamente" a Acyco, porque la empresa "nunca" le contrató y porque "ningún documento" vinculaba a Acyco con Caballero o Garrigues. Posteriormente, según ha admitido, supo del pleito promovido por Garrigues para reclamar dicho dinero. En cualquier caso, ha negado que la finalidad de solicitar aquella ayuda fuese pagar la mencionada minuta.
Finalmente, y con relaciones a las averiguaciones de su patrimonio, ha defendido su "valor profesional" para cobrar sus emolumentos y que tanto ella como su esposo han "trabajado toda la vida", para contar con "un pisito", una vivienda en la costa y una parcela de mil metros cuadrados, exponiendo que militó en UGT y el PSOE pero solo en el plano "local" y que conoció a los exconsejeros socialistas José Antonio Viera y Paulino Plata por sus actividades en el marco del tejido productivo y asociativo.
"Yo he tenido la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (en 1999) y me la dio el PP", ha enfatizado negando que haya "cobrado ningún dinero indebido".
Andalucía
