PP lleva a la Junta ante Fiscalía por "negligencia" en la indemnización millonaria al Centro Nevada

GRANADA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha denunciado ante la Fiscalía Superior de Andalucía la "negligencia" que a su juicio cometió la Junta cuando "no asistió" a la vista oral de la causa en la que ha sido condenada a pagar una indemnización de 165,6 millones de euros a General de Galerías Comerciales, la promotora del Centro Comercial Nevada de Armilla (Granada), "de modo que no pudo proponer ni practicar prueba alguna" contra las pretensiones del promotor.

Los 'populares' exponen en su denuncia, consultada por Europa Press, que "si la ausencia de la Junta a la vista oral no está justificada, y dada la cuantía del procedimiento, no es concebible ni el olvido ni la agenda" y piden que se investigue "el motivo real" por el que no asistió al proceso, por si pudiera ser constitutivo de delito.

Reclaman también que se depuren todas las responsabilidades penales que correspondan, al entender que el "quebranto a las arcas públicas y los perjuicios causados son de enorme trascendencia económica, moral y social".

La indemnización se produce por los perjuicios económicos causados a los promotores del Centro Nevada por la paralización cautelar durante varios años de las obras de esta superficie comercial, cuya construcción también conllevó un proceso penal que supuso entre otras cosas, la demolición de 1.457 metros cuadrados" del recinto, hoy abierto al público.

El presidente provincial del PP de Granada, Sebastián Pérez, ha recordado en declaraciones a los periodistas que el promotor ha recurrido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que elevó a 165,6 millones la cuantía de la indemnización, de modo que la cantidad final que pueden "perder los andaluces" en este asunto podría "estar cerca de los 250 millones de euros".

Aunque será la justicia la que determine si existe delito en la gestión de la Junta en este procedimiento, que para el PP puede conllevar una malversación de fondos públicos o una negligencia en la gestión tipificada en el Código Penal, Sebastián Pérez sí ha incidido en que deben depurarse ya responsabilidades políticas.

"MILLONES DE EUROS REGALADOS A UN PROMOTOR"

"No podemos entender que la Junta no luchara por esos millones de euros y se los haya regalado un promotor", ha clamado Pérez, que aparte de dimisiones ha dicho echar en falta que el Gobierno andaluz se siente a negociar con el promotor para "evitar esta barbaridad y paliar en cierta medida el desaguisado que ha hecho".

De hecho, ha censurado que en este asunto "nadie dimita ni dé explicaciones" y apela a la Fiscalía para investigar "quién dio la orden" para que los servicios jurídicos no fueran a la vista oral el 6 de junio de 2016 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada, algo que "no es nada razonable, ni admite excusa alguna".

Así también lo expone el PP en la denuncia, en la que se indica que esta "esta ausencia, la falta de ratificación de oposición a la indemnización que se solicitaba, así como la ausencia de proposición de prueba en primera y segunda instancia han dado lugar a que todos los contribuyentes andaluces tengan que soportar el abono de una indemnización de 165.644.282,41 euros".

Recuerda en este sentido que "hasta el propio TSJA dice --en su sentencia-- que no es sostenible que la Administración, asistida por su Gabinete Jurídico, invoque el desconocimiento de la ley para justificar que se le ha generado una indefensión real y efectiva".

La Junta de Andalucía formalizó hace unos días su recurso ante el Tribunal Supremo, alegando que "actuó siempre en función de sus competencias y en defensa de la legalidad" y que la paralización de las obras del centro comercial "hay que analizarla en el contexto de diez años de procedimientos judiciales complejos y relacionados entre sí".

General de Galerías Comerciales también ha recurrido con la pretensión de que el Supremo declare de "forma contundente" que los daños producidos a una empresa que realiza una inversión amparada por una licencia ajustada a derecho tienen que resarcirse en la forma y con arreglo a los cálculos económicos que esta entidad acreditó ante los tribunales y que, aunque se ha acogido en su práctica totalidad, ve necesario elevarlos para que la indemnización resarza la totalidad de la lesión producida".