PP-A lleva en su programa eliminar al menos el 25% de altos cargos y Cs "reducir al mínimo" los designados "a dedo"

SEVILLA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP andaluz lleva en su programa electoral eliminar al menos el 25 por ciento de altos cargos y asimilados, mientras que Ciudadanos (Cs) recoge "reducir al mínimo" el número de altos cargos designados "a dedo" y cubrir sus puestos mediante un concurso público de mérito y capacidad, "evitando gastos superfluos y ganando en eficiencia".

Se trata ésta de una de las cuestiones que ambas formaciones llevan años defendiendo y que, en el caso de que haya un gobierno PP-Cs en la XI Legislatura, podrían llevar finalmente a cabo. Tanto PP-A como Cs consideran que la administración andaluza está sobredimensionada y que también hay que despolitizarla.

En el caso del PP-A, su programa plantea eliminar las estructuras duplicadas e innecesarias y despolitizar la Administración, revisando y modificando las bases normativas que han propiciado la "desproporcionada" estructura de la administración autonómica, para que en el futuro no vuelvan a darse situaciones de este tipo.

Los 'populares' consideran "absolutamente necesario" que se adopten medidas tendentes a reducir el elevado número de altos cargos y asimilados de la administración y de su correspondiente gasto. Así, se compromete a reducir al menos un 25% el número de altos cargos y asimilados, facilitando el acceso a la identidad de los puestos directivos de todas las entidades instrumentales de la Administración de la Junta y de sus retribuciones anuales, haciendo públicos esos datos en el Portal de Transparencia.

También cree imprescindible que Andalucía cuente con una Ley de Buen Gobierno y Estatuto del Alto Cargo moderna y acorde con los actuales tiempos. "La opacidad en los nombramientos y el desconocimiento ciudadano de quién ocupa cada cargo y sus retribuciones genera desconfianza hacia la administración", advierte el PP-A en su programa.

Junto a ello, destaca que "hoy es imposible saber quién es quién en el innumerable listado de entidades instrumentales de la Junta". Revisar la necesidad de su existencia, eliminar las que resulten innecesarias, nombrar de forma transparente a los directivos y publicar sus retribuciones es un compromiso de cualquier gobierno democrático", añade.

Por su parte, la formación que lidera Juan Marín en Andalucía lleva en su programa reducir "al mínimo" el número de altos cargos políticos designados a dedo y cubrir sus puestos mediante un concurso público de mérito y capacidad, "evitando gastos superfluos y ganando en eficiencia".

Los órganos superiores o políticos quedarán limitados a los titulares de las Consejerías, Direcciones Generales y Delegaciones del Gobierno de la Junta, mientras que las Subdirecciones Generales, Secretarías Técnicas y todos los cargos inferiores en jerarquía serán siempre cubiertos por concurso público de mérito y capacidad.

Se compromete también a cerrar todos y cada uno de los "chiringuitos" que han funcionado como "agencia de colocación del PSOE" en la Junta. Durante los casi 40 años de gobierno socialista en Andalucía, el número de agencias, empresas, fundaciones y consorcios públicos que han sido utilizados como verdaderas agencias de colocación de personas afines al PSOE "no ha dejado de crecer", denuncia Cs.

CS RECLAMA UN PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

Cs se propone "acabar con el lastre que el clientelismo y el enchufismo han supuesto para el desarrollo de Andalucía" y para solucionarlo, plantea elaborar un Plan de Racionalización del Sector Público Andaluz que analice el inventario de entes de la Junta, determine el cierre de todos aquellos cuya continuidad carezca de sentido por no tener propósito o funciones bien definidas, por haber cumplido su objetivo inicial o carecer de carga de trabajo efectiva, o la fusión de todos los que viniesen realizando funciones duplicadas.

Junto a ello, Cs se compromete a garantizar la dedicación exclusiva de los altos cargos a su trabajo para todos los andaluces y a que los altos cargos no puedan pertenecer a más de un órgano colegiado o consejo de administración de empresas públicas, ni cobrar dietas por la asistencia a sus reuniones.

"Estableceremos unas tablas salariales que ordenen y racionalicen la retribución de los altos cargos y directivos públicos de la Junta. Todos ellos cobrarán en referencia a las retribuciones que se establezcan anualmente para los cargos análogos en el Gobierno de España y la Administración General del Estado, y siempre por debajo de éstos, para respetar la jerarquía", afirma.

De igual modo, plantea acabar con los nombramientos "a dedo" en la Junta suprimiendo la libre designación. Y es que, a su juicio, la discrecionalidad de la selección de este sistema "contamina la naturaleza de las funciones y la responsabilidad de los titulares de los órganos técnicos. Además, condiciona el ascenso de empleados públicos a los niveles más altos de su carrera profesional a su afinidad y permisividad con el partido político que gobierne en cada momento, en lugar de exclusivamente a su desempeño y promoción profesional".

Cs incluye también en su programa que los directivos públicos sean elegidos siempre por concurso para acabar con el "enchufismo" y los "dedazos" de personas afines sin cualificación. Así, tendrán la condición de directivos públicos los titulares de los órganos directivos de la Administración de la Junta y los directores de las agencias, sociedades mercantiles, fundaciones y demás entes públicos instrumentales, así como otros puestos con funciones directivas que ahora son nombrados por el gobierno.

Todos ellos serán elegidos siempre por concurso público y transparente por un período de seis años, estarán sujetos a una evaluación continua de su desempeño y no podrán ser cesados salvo en caso de sanción, recoge la formación naranja en su programa.

En el programa electoral de Adelante Andalucía, --coalición que incluye a Podemos e IULV-CA--, se recoge en esta materia que el personal directivo de los órganos administrativos y de las agencias y empresas sea seleccionado mediante convocatoria pública, valorado por una comisión compuesta por personas cualificadas para apreciar sus capacidades y méritos, que ofrecerá una terna de candidatos para que el órgano superior de gobierno seleccione al idóneo.