SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PP-A ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento andaluz en la que se pide que el Gobierno central, en colaboración con las comunidades, adopte medidas para mejorar el sistema de protección de las mujeres en situación de violencia machista y la de sus hijos, siendo urgente, entre ellas, la mejora del Sistema VioGén y la necesaria la dotación de nuevas unidades judiciales de Violencia sobre la Mujer.
Otra demanda al Ejecutivo nacional es que proceda cuanto antes a la trasposición al ordenamiento jurídico y normativo nacional de la directiva 2024/1385 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, con el fin de garantizar que las víctimas españolas reciban toda la atención y protección necesarias, de acuerdo con los estándares europeos.
Según el PP-A, ante un problema de esta magnitud, las políticas públicas orientadas a combatir la violencia machista deben ser una prioridad y las administraciones públicas deben "aunar esfuerzos y promover las herramientas y políticas necesarias, eficaces y coordinadas para combatir y prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres, recuperando y aunando consensos".
Para el Grupo Popular, es fundamental seguir concienciando a la sociedad, porque la "erradicación de la violencia contra las mujeres es una tarea que requiere de un esfuerzo colectivo y constituye un grave problema social, incompatible con una sociedad democrática, y que requiere de una respuesta unánime, contundente y eficaz".
En la iniciativa del PP-A, se plantea que el Parlamento ratifique su compromiso con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, expresando la necesidad de continuar "avanzando en su desarrollo y la necesidad de abordar una revisión exhaustiva del mismo, con el fin de obtener mejores resultados, aunando el mayor consenso político y social en torno al mismo".
Asimismo, se demanda al Ejecutivo nacional que, "sin más dilaciones", impulse la aprobación de un proyecto de Ley Integral contra la trata de seres humanos, con especial incidencia en la trata con fines de explotación sexual, promoviendo el máximo consenso en torno al mismo.
También se reclaman medidas para luchar contra la violencia machista que tiene lugar en el entorno digital, especialmente entre los menores de edad en el ámbito de las redes sociales e internet, así como articular medidas de protección reforzada para evitar el acceso de los menores a la pornografía.