PP-A pide dos años de prisión para Chaves y ocho para Griñán por el caso ERE

SEVILLA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El PP-A, que ejerce la acusación popular en el caso judicial que investiga la concesión de ayudas en el marco de expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha solicitado dos años de cárcel y 22 de inhabilitación, en el primer caso, y ocho de prisión y 42 inhabilitado, en el segundo, para los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, procesados en una pieza abierta junto a otros 24 ex altos cargos de la administración autonómica.

   Así lo ha indicado en rueda de prensa en Sevilla la secretaria general del PP andaluz, Dolores López, que ha precisado que los populares se adscriben en su escrito de acusación, presentado este lunes en el Juzgado de Instrucción número 6, a las penas solicitadas por la Fiscalía y a las autorías apuntadas por la misma, en lo que respecta a la comisión de presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

   A estas consideraciones, el PP-A ha agregado un presunto delito de asociación ilícita al observar "serios indicios" del mismo, que conllevaría dos años de cárcel para todos los encausados en esta pieza, así como multa de 20 meses a razón de 60 euros diarios (36.000 euros en total) e inhabilitación absoluta por 12 años.

   Y es que la formación cree en la existencia de una trama organizada desde el poder del PSOE y, para defender el argumento de la asociación para delinquir de los acusados, hace suyo el contenido del auto judicial del 31 de mayo de 2016 en el que se expone que los encausados, "concertando sus actuaciones de un modo expreso o tácito, llevaron a cabo todos los actos necesarios para la implantación, mantenimiento y funcionamiento del denominado procedimiento específico, en cualquiera de sus modalidades anteriormente expuestas".

   Ello no sólo es apreciación del juez Álvaro Martín, sino que, según ha recordado la secretaria general de los populares andaluces, también la magistrada Mercedes Alaya lo puso de manifiesto en la exposición razonada que envió al Tribunal Supremo con motivo del aforamiento de varios de los investigados.

   Así, el PP sostiene la comisión de una actividad delictiva "durante más de diez años, con subvenciones a dedo mediante un sistema concertado, sin control y con la creación de una red clientelar con la que pretendían perpetuarse en el poder".

   Por otro lado, el partido cifra el fraude en 1.280 millones de euros --incluye los intereses de demora--, al ser la cantidad que la Cámara de Cuentas defendió en un informe sobre los ERE "que nadie ha sido capaz de desacreditar".

"PODRÍAMOS HABER IDO MÁS ALLÁ"

   Los populares, de los cuales López niega ningún tipo de "afán justiciero" y asegura que sólo persiguen "la búsqueda de la verdad y la justicia" a pesar de que "podríamos haber ido más allá", se adhieren de esta manera a la petición de Anticorrupción en lo tocante a las penas por supuestas prevaricación --inhabilitación especial para empleo o cargo público por diez años para todos los autores-- y malversación --20 años de inhabilitación absoluta para 18 de los 26 encartados, y para éstos, ocho años de prisión para 12 y seis para los seis restantes, entre los que se cuenta Griñán--.

   El PP ha reivindicado la presentación de un escrito "riguroso, serio y creíble" bajo la premisa de tomarse "muy en serio" el que consideran "el mayor caso de fraude en la historia de la democracia de España" y de abstraerse de la rivalidad política, "todo lo contrario que la Junta, que ha actuado más como brazo ejecutor del PSOE que como representación de los andaluces", al no apreciar ésta causa para mantener activa esta pieza de los ERE en contra de los criterios de Instrucción 6, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Sala de lo Penal y la Fiscalía del Tribunal Supremo y Anticorrupción, hecho que, desde el "máximo respeto" a los letrados --que ha hecho extensivo a la juez Núñez Bolaños--, ha provocado que los populares se hallen "muy sorprendidos".

   En su resumen del origen y de lo que el caso ha supuesto, López ha manifestado que "nadie se cree que un director general manejara más de mil millones de euros a su antojo y sin mediar control". Aunque sí podría ser verosímil que concediera una ayuda a dedo a una empresa, no lo es, en su opinión, la creación de una trama "impenetrable".

   También ha destacado el devenir judicial de la causa desde 2011 pese a las "zancadillas" de la Junta, concretadas al no facilitar la documentación o demorar su entrega, según el PP-A, que también ha lamentado las críticas de la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, hacia la juez Alaya o la Guardia Civil, a los que "esa presunta mujer de Estado comparó con la Inquisición".