PP pide que Fiscalía investigue la "inoperancia" de la Junta ante la indemnización millonaria al Nevada

GRANADA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, ha anunciado que su partido presentará este mes una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía para que investigue la gestión de la Junta en el procedimiento judicial por el que está obligada a indemnizar con 165,6 millones de euros al promotor del Centro Comercial Nevada a raíz de los perjuicios económicos derivados de la paralización de las obras de esta superficie comercial.

Pérez ha censurado en rueda de prensa la "inoperancia de la Junta y del PSOE" en este asunto, que ha enmarcado en una "negligencia" y que a su juicio el Gobierno andaluz "ha perdido por no presentarse al procedimiento", "por no ratificar su oposición a esas indemnizaciones y por no proponer prueba alguna, tampoco en segunda instancia", ha clamado.

El presidente del PP ha tachado de "inaceptable" la forma de proceder de la Junta y, tras el silencio --ha dicho-- de la dirección provincial del PSOE de Granada y la falta de explicaciones del Ejecutivo autonómico, su partido va a pedir a la Fiscalía que investigue el asunto, de modo que se "depuren las responsabilidades políticas graves" que a su juicio existen en este caso, lo cual "puede hacerse" tras la reforma del Código Penal de 2012.

Pérez se ha pronunciado de este modo tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que estimó parcialmente el recurso interpuesto por General de Galería Comerciales y elevó de 157,4 millones a 165,6 millones la cuantía que debía abonarse a la promotora en concepto de daño emergente y lucro cesante.

Para el presidente provincial del PP, el promotor del Nevada ha hecho lo que tenía que hacer, "velar por sus intereses", pero afea a la Junta que haya argumentado su falta de acciones en la primera parte del proceso a "problemas de agenda".

La Junta de Andalucía anunció que recurrirá al Tribunal Supremo esta sentencia por entender que no ha tenido en cuenta la incidencia que tuvo el procedimiento penal (donde la Junta no formaba parte) en la paralización de las obras y que derivó también en una demolición parcial y "en condena penal al promotor" de esta superficie comercial que actualmente está abierta al público.