PP-A reclamará ante la justicia el dinero defraudado en los ERE tras decidir la Junta "reservarse" la vía civil

SEVILLA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP-A, que está personado como acusación popular en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) de la Junta de Andalucía presuntamente irregulares, se va a dirigir "de manera inmediata" a la justicia, esta misma semana, para tratar de ejercer las responsabilidades que la Administración andaluza "se reserva" para "reclamar el dinero" que se habría defraudado en el que es "probablemente el mayor caso de corrupción que se ha dado" en la comunidad autónoma en los últimos 40 años, y conseguir así la recuperación de unos 741 millones de euros.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa en Sevilla el vicesecretario de Sectores Productivos del PP-A, Pablo Venzal, quien ha incidido en que, en el marco de este supuesto caso de corrupción, "se creó un fondo de reptiles" que "rozaba los 750 millones de euros", motivo por el que su partido decidió personarse como acusación popular al entender que "había que reclamar responsabilidades a los culpables y recuperar el dinero".

Venzal ha recordado que "la Junta decidió en su momento no reclamar esos fondos ni exigir a los acusados responsabilidades penales, pese a que, en un escrito ante el Tribunal Constitucional, los abogados de la Junta venían a reconocer que había habido un grave caso de corrupción".

Tras subrayar que, "reservándose la acción de responsabilidades" para "reclamar los fondos, se pone en grave riesgo" la posibilidad de recuperar ese dinero, el dirigente 'popular' ha alertado de un posible "escándalo de magnitudes importantes" que se traduciría en "una estrategia organizada por Susana Díaz para, ni reclamar los fondos, ni pedir responsabilidades personales" a los acusados.

Y es que, según ha abundado, "la Junta esperó a que se le diera traslado en el juicio" que ahora se está celebrando en la Audiencia Provincial de Sevilla por la denominada 'pieza política' de los ERE, para "presentar un escrito pidiendo el sobreseimiento" para los acusados, sin hacer ahí "mención a que se reservaba las acciones civiles", lo que habría servido para que todas las partes hubieran tenido conocimiento de esa intención.

Venzal ha indicado que la Junta ha llevado a cabo su "escrito en el que dice que se reserva las acciones civiles" cuando "se le ha dado traslado, sólo a ella, y no a las demás partes, en las piezas de responsabilidad civil", causando así, según ha advertido el representante del PP-A, "indefensión a las demás partes que queríamos reclamar esos 741 millones de euros" que se habrían defraudado.

"ESCÁNDALO"

El vicesecretario del PP-A atisba "un escándalo" porque la Ley de Administración de la Administración de la Junta de Andalucía, "en su artículo 42, dice que "el ejercicio de acciones en vía jurisdiccional corresponde al Consejo de Gobierno".

Por eso, ha argumentado que "si la Junta decidió no ejercer las acciones y pedir el sobreseimiento y reservarse las acciones civiles, tendría que haber tomado un acuerdo del Consejo de Gobierno" y publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), "pero no lo hizo, y si lo hizo, tendrá que dar explicaciones públicamente, porque no nos consta".

En esa línea, Venzal ha preguntado "en virtud de qué los letrados de la Junta, sin ninguna facultad, deciden reservarse las acciones, despachándose en un escrito de cuatro líneas ante el tribunal que juzgaba el caso".

"Da la sensación de que se ha montado una estrategia para no poder reclamar ni los fondos ni a las personas acusadas, incumpliendo la ley", según ha insistido Venzal, que ha considerado que la presidenta de la Junta "tendría que dar explicaciones", y por eso desde el PP-A se pidió su comparecencia en el juicio de la 'pieza política' de los ERE como testigo.

Según ha remachado, Susana Díaz "tendrá que dar explicaciones sobre ese acuerdo del Consejo de Gobierno", en el caso de haberse adoptado, "y si no lo ha hecho, que diga quién dio las instrucciones a los letrados".

Ha apuntado además que existe reiterada jurisprudencia en el sentido de que, "si el perjudicado, en este caso la administración de la Junta de Andalucía, no ejerce acciones, se las reserva, las demás partes no podemos ejercerlas", no obstante lo cual el PP-A va a tratar de "ejercer" esas acciones, porque, según ha enfatizado Venzal, "no se le puede tomar el pelo a los andaluces ni a la justicia".

"OBLIGACIÓN DE RECLAMAR" EL DINERO DEFRAUDADO

En esa línea, ha remarcado que la Junta "no podía reservarse las acciones", porque "es una administración pública" y "hay reiterada jurisprudencia sobre que la Junta no puede reservarse las acciones como en este caso ha hecho", y de que "las administraciones públicas tienen la obligación de reclamar ese dinero".

"Y mucho nos tememos que probablemente se trata de una excusa decir que lo van a hacer en otro órgano jurisdiccional, para que luego, cuando los tribunales le vengan a decir que ese juicio ya se ha celebrado, nos quedemos indefensos los andaluces", según ha abundado, justificando así que el PP-A vaya a "ejercer la acción para reclamar ese dinero".

Venzal ha advertido de que "está en tela de juicio la capacidad que puedan tener los tribunales de poder recuperar esos fondos por mediación de la Junta", así como que "si se está enjuiciado a unos acusados, no puede decir que a esos acusados no se les puede reclamar su responsabilidad civil, como a todo hijo de vecino, en un procedimiento penal".

Así las cosas, el PP-A "va a poner de manifiesto en los tribunales que esa actuación de la Junta es improcedente, y que, por tanto, tiene que ejercer las acciones de responsabilidad", según ha finalizado Venzal.