El PP-A recurrirá el archivo de la pieza 'política' de la formación

SEVILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha anunciado que está preparando un recurso contra la decisión de la juez María Núñez Bolaños de archivar la pieza 'política' de los cursos de formación financiados con fondos de la Junta de Andalucía toda vez que defiende que "no existen razones fundadas para dar carpetazo" a este asunto y porque en su auto "admite la existencia de irregularidades en el procedimiento y la posibilidad de que haya existido menoscabo de fondos".

De hecho, como ha explicado la secretaria general del PP-A, Dolores López, en declaraciones a Europa Press, los populares entienden que "existen suficientes motivos jurídicos para continuar adelante con el procedimiento".

En este sentido, ha concretado que hay numerosas diligencias solicitadas tanto por el PP-A como por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que "no se han resuelto", al tiempo que ha rechazado el contenido del auto de la magistrada porque "no podemos estar de acuerdo con que no considere significativo la existencia de un total de 38 empresas vinculadas al PSOE-A entre los beneficiarios de los fondos de formación".

"Este es un dato suficientemente relevante que obliga a continuar con la investigación judicial", ha asegurado López, antes de incidir en que el propio auto de Bolaños "admite la existencia de irregularidades en el procedimiento y la posibilidad de que haya existido menoscabo de fondos públicos".

El PP-A entiende que todas estar circunstancias reafirman la tesis que defienden de que "cuanto menos existen unas claras responsabilidades políticas que deben de ser admitidas y depuradas" en el caso de la formación en Andalucía.

En la misma línea, la secretaria general de los populares andaluces ha recordado que por el momento "permanecen abiertas otras piezas de esta misma causa", así como ha señalado que siguen apareciendo informaciones vinculadas a este caso, como la noticia que ha publicado el diario 'El Mundo' que asegura que UGT inventó alquileres para cobrar ayudas a la formación de la Junta, algunas de ellas compartidas con el PSOE-A.

Cabe recordar que la juez María Núñez Bolaños ha archivado la pieza 'política' de los cursos de formación financiados con fondos de la Junta, como es la que afecta a 24 exdirigentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o los ex delegados del ramo en las ocho provincias andaluzas, al entender que "no se ha constatado la existencia de una red clientelar" y que únicamente se habrían producido "posibles irregularidades administrativas".