El PP-A ve "hechos suficientes" para el delito de asociación ilícita en el caso de los ERE

SEVILLA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

En el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos autonómicos, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, el PP-A se ha opuesto a las cuestiones previas de las defensas en cuanto a excluir del objeto de enjuiciamiento el presunto delito de asociación ilícita esgrimido precisamente por los populares y a la petición de anular las actuaciones instructoras del juez de refuerzo Álvaro Martín.

   La vista oral que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial ha estado centrada este lunes en las réplicas a las cuestiones previas planteadas por cada una de las partes. En ese contexto, Luis García Navarro, abogado del PP andaluz, se ha pronunciado respecto la cuestión previa promovida por la mayoría de los abogados defensores, para sea excluido del objeto de enjuiciamiento el presunto delito de asociación ilícita incluido por el PP andaluz en su escrito de acusación.

   Las defensas, en ese sentido, avisan de que el PP andaluz incluyó "sorpresivamente" dicho delito en su escrito de acusación, generando una indefensión para los acusados, toda vez que según Luis García Navarro, de la instrucción de la causa y del propio auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado se desprenden "hechos suficientes" para que el PP de Andalucía haya incluido en su escrito de acusación el mencionado y presunto delito de asociación ilícita, lo que le ha llevado a negar que los acusados se hayan visto en "ninguna indefensión".

   Al respecto, ha rememorado que la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa, apuntó en su momento a un "concierto de voluntades" o "contubernio delictivo", para la creación y promoción de una "trama criminal" en torno a la administración de los fondos de la partida 31L de los presupuestos autonómicos, canalizada en subvenciones para expedientes de regulación de empleo presuntamente fraudulentos y ayudas supuestamente arbitrarias.

   Según el abogado del PP, incluso uno de los recursos de apelación del propio José Antonio Griñán durante la instrucción de la causa habría avalado esta tesis de la "trama" o "sistema" organizado para la gestión ilícita de los citados fondos. En cualquier caso, ha insistido en que la investigación ha apuntado una "trama o estructura piramidal de origen criminal" y el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado contiene hechos "constitutivos de un delito de asociación ilícita".

EL PAPEL DE ÁLVARO MARTÍN

   La representación del PP, además, se ha opuesto a la cuestión previa planteada por José María Mohedano, abogado defensor de José Antonio Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, en demanda de la nulidad de las actuaciones de instrucción del juez de refuerzo Álvaro Martín, al considerar vulnerado el derecho al juez predeterminado por la ley o "juez natural" que consagra el artículo 24.2 de la Constitución Española.

   Mientras la mayoría de las defensas se adhirió también a esta cuestión previa, el abogado del PP andaluz no considera que se vulnerase el derecho al juez natural, en el plan acordado por la juez María Núñez Bolaños, sucesora de Alaya al frente del Juzgado de Instrucción número seis, y Álvaro Martín como magistrado de refuerzo en comisión de servicio, para que este último asumiese las seis piezas en las que Núñez había dividido el macro caso de los expedientes de regulación de empleo, entre ellas la pieza correspondiente al procedimiento específico.

   Y es que según ha defendido Luis García Navarro, el juez de apoyo no ha sido nunca "el encargado de enjuiciar" el procedimiento y ha sido "el juez predeterminado" por el propio sistema judicial, para la instrucción de las seis piezas en las que fue dividida la causa original de 2011.

   Igualmente, y entre otros aspectos, la representación del PP andaluz se ha opuesto a las cuestiones previas planteadas por la defensa del exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, en cuanto a supuestas deficiencias en la acusación que pesa en su contra por un presunto delito de malversación y la prescripción alegada respecto al presunto delito de prevaricación administrativa que pesa en su contra.

   De otro lado, la representación del PP de Andalucía no ha expuesto "ningún inconveniente" en que se practiquen las pruebas solicitadas por las defensas en sus cuestiones previas.

EL PP PIDE APARTAR A MANOS LIMPIAS COMO ACUSACIÓN

   Eso sí, el PP-A, después de una petición similar de la gran mayoría de los abogados defensores antes de que comenzase el trámite de las cuestiones previas, ha reclamado al tribunal que "revoque" el papel de Manos Limpias como acusación popular en este juicio. En el caso del PP-A, esta demanda se sustenta en la idea de que una acusación popular "no puede convertirse en defensa de los acusados" y en el caso de Manos Limpias, "no es la primera vez que sucede en este proceso".

   Ello, por cierto, en un contexto en el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en la causa incoada contra el expresidente de la Asociación de Usuarios de Servicio de la Banca (Ausbanc) Luis Pineda y el secretario general de Manos Limpias Miguel Bernad, reclama 24 años y 10 meses a Bernad por liderar supuestamente una campaña de extorsión en los medios de comunicación contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa, e incluso ha pedido la disolución de dicha entidad.

   En ese sentido, el letrado del PP de Andalucía ha rememorado la supuesta extorsión a Unicaja para archivar el procedimiento contra su presidente, Braulio Medel, precisamente en la investigación de los ERE, por lo que Luis García Navarro ha mostrado sus dudas de la verdadera "voluntad acusadora" de Manos Limpias y su temor a que "se siga por esas andadas".

   Manos Limpias, por cierto, sí ha apoyado la cuestión previa promovida por la gran mayoría de las defensas en demanda de anular las actuaciones instructoras del juez de refuerzo Álvaro Martín. Rafael Prieto Tenor, abogado de Manos Limpias, ha lamentado además que el juicio esta se convierta "indeseablemente" en un espectáculo mediático.