PP-A ve que el servicio público del contrato-programa de RTVA "está en cuestión" y Junta defiende que da certeza al ente

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha advertido este jueves de que el Consejo Audiovisual de Andalucía "cuestiona" el servicio público del contrato-programa aprobado para la RTVA, "que debe ser la base" de esta empresa pública, mientras que el Gobierno andaluz ha defendido que dicho contrato-programa "da certeza y certidumbre" al futuro de la RTVA.

Así lo han manifestado en la comisión parlamentaria de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, tanto el consejero del ramo, Manuel Jiménez Barrios, como el parlamentario del PP-A Guillermo García de Longoria, en el transcurso de una comparecencia relativa al procedimiento de elaboración y aprobación del contrato-programa de la RTVA solicitada por el grupo popular.

Jiménez Barrios ha destacado que el contrato-programa "es un instrumento fundamental en la acción empresarial que sustenta el servicio operativo que presta RTVA y que fija con certeza el marco de financiación", así como que su aprobación resulta imperiosa "para la estabilidad, el funcionamiento y para la garantía del trabajo audiovisual del catálogo de derechos audiovisuales para la ciudadanía".

"Es un medio para la constante adaptación a la evolución de la realidad empresarial, social, tecnológica, económica y comunicacional de Andalucía sobre la que se presta el servicio público", ha agregado el vicepresidente, quien ha destacado que el contrato-programa supone "una herramienta potente de acción empresarial, compromiso de certidumbre y que sitúa a la RTVA a la vanguardia".

Tras desgranar el procedimiento por el que se determina dicho documento, Jiménez Barrios ha incidido en que el contrato-programa de 2013-2015, que fue prorrogado un año, fue "eficaz y ha cumplido con sus compromisos", mientras que sobre el vigente, del 2017 al 2019, ha explicado que contempla una aportación de la Junta de 418 millones para le prestación de este servicio público.

"Este contrato-programa se viene desarrollando en el marco de la carta de servicio aprobada por el Parlamento y prorrogada tras seis años", ha señalado Jiménez Barrios, quien ha explicado que la nueva carta de servicio está ahora en trámite parlamentario todo después de que producirse "una incidencia administrativa".

No obstante, hasta que el Parlamento apruebe la nueva carta de servicio se mantiene la actual ya que se prorroga "de manera automática, sin límite temporal y sin que requiera de ningún pronunciamiento expreso de ningún órgano".

Por todo, Jiménez Barrios ha garantizado que la Junta "cumple en su integridad la ley" ya que dado que el contrato-programa solo podría ser prorrogado por un año, "no podía estar a la espera de que el Parlamento aprobara una nueva carta de servicio". "Por eso ha tenido que suscribirse un nuevo contrato-programa trienal cumpliendo la ley en base a la carta de servicio vigente ahora", ha agregado antes de que aclarar que el contrato-programa podrá ser modificado una vez se apruebe el otro texto.

PP-A: "SE CONSTRUYE LA CASA POR EL TEJADO"

De su lado, el diputado del PP-A si bien ha puesto en valor que aportando 418 millones de euros en virtud del contrato-programa vigente la Junta busca "dar estabilidad" de la RTVA, ha incidido en que los propios trabajadores han criticado que aprobando este texto antes que la nueva carta de servicio "se construye la casa por el tejado y se hurta el debate social y parlamentario para aportar mejoras".

García de Longoria ha apuntado que la renovación del contrato-programa llegó "en el último minuto" y lo hizo "saltándose la ley de RTVA" pues, según ha relatado, la Junta "se saltó un mecanismo de control establecido por ley, que establecía que el titular de Presidencia debería tener un informe preceptivo del Consejo Audiovisual que no existió hasta 36 días después".

Así las cosas, ha afirmado que dicho informe fue "demoledor" pues señalaba que el contrato-programa "adolece de una concreción de las actividades y objetivos específicos para alcanzar las prioridades marcadas que en su misión de servicio público debe cumplir la RTVA, que adolece de falta de acciones concretas para fomentar la igualdad de género y prevenir y sensibilizar sobre la violencia de genero, y que no analiza los resultados del anterior contrato-programa".

Tras urgir al Gobierno andaluz a dar cumplimiento a las recomendaciones del Consejo Audiovisual, García de Longoria ha alertado de que el mismo "cuestiona el servicio público y la capacidad de controlarlo", cuando precisamente el servicio público "debe ser la base de la RTVA".

En su réplica, Jiménez Barrios ha negado que dicho informe del Consejo Audiovisual sea demoledor y ha aludido a un contrainforme de la RTVA que "sí es demoledor". Además, ha incidido en que este órgano debe plantear informes en las cuestiones que "sean de su ámbito de competencia" y que son "preceptivos pero no vinculantes".

"El contrato-programa se ha aprobado conforme a la ley, se ciñe al ámbito temporal", ha sostenido el vicepresidente, que ha defendido que, al contrario de lo que dicen los trabajadores, el debate está en el Parlamento.