Una prejubilada de Surcolor dice que Rivas avisó de la "retirada" de la Junta del ERE si se denunciaba el impago

Atribuye a una "inocente casualidad" que la plantilla incluyese en la documentación un número de despidos que abarcaría a los "intrusos"

SEVILLA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Durante la sesión de este martes del juicio que celebra la Audiencia de Sevilla por la pieza de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con cargo a los fondos autonómicos, correspondiente a las ayudas por 2,3 millones de euros concedidas a Surcolor y Surcolor Óptica; una extrabajadora de Surcolor prejubilada en dicho despido colectivo ha testificado que el entonces delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas, acusado en esta vista, avisó de que si los trabajadores denunciaban el impago de rentas en el que había incurrido la empresa, "la Junta se retiraba" de la financiación.

Durante esta sesión ha comparecido como testigo Manuela Hurtado Navarro, extrabajadora de Surcolor e incluida en el ERE en cuestión, quien ha rememorado que supo que la Junta de Andalucía financiaba parte de la póliza de las rentas por los despidos tras recibir una carta de la aseguradora Apra Leven, con el aviso de que las rentas iban a ser reducidas porque Surcolor "había dejado de pagar" su parte de la póliza y las remuneraciones caerían aún más si la Junta de Andalucía tampoco respondía a sus compromisos de pago.

Del mismo modo, ha recordado cómo fruto de dicha situación, remitió diferentes escritos a varias instancias de la Junta de Andalucía o el Defensor del Pueblo, toda vez que según el Ministerio Público, a principios de 2006, los responsables de Surcolor y Surcolor Óptica contactaron con el letrado Carlos Leal, acusado en este juicio, "para iniciar la tramitación" de un ERE y además con el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, también acusado, "como persona que pudiera facilitar fondos públicos de la Junta para los pagos que se derivarían de la extinción de los contratos laborales de la plantilla y que eran obligación de las empresas".

Para conseguir los fondos públicos, según la Fiscalía, Lanzas contactó con el entonces delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas; y con el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, --condenado en la sentencia principal sobre el procedimiento específico de financiación de los ERE, acusado además en esta causa pero fallecido en octubre de 2020--, facilitando a este último datos de "los importes de las indemnizaciones por despido de los 24 trabajadores que se verían afectados por la extinción"; tras lo cual la consultora Vitalia elaboró dos estudios de renta con una cuota total a pagar de 2,7 millones, de los cuales la Junta pagaría 2,3 millones.

LOS "INTRUSOS"

A partir de ahí, según el Ministerio Público, Rivas, "con el conocimiento y consentimiento" de Guerrero, "instó" a los dos extrabajadores de Vitalia procesados en este caso a introducir como beneficiarias a dos personas que "no habían formado nunca parte de la plantilla de ninguna de las empresas", tras lo que el 28 de junio de 2006, Guerrero, "con el conocimiento y consentimiento" del entonces consejero de Empleo Antonio Fernández y de su viceconsejero Agustín Barberá, --ambos también acusados en el juicio--, suscribió una carta dirigida a Apra Leven en la que se comprometió a abonar 2,3 millones para las prejubilaciones de 26 extrabajadores de Surcolor.

Para el Ministerio público, los encausados "conocían que no se había seguido procedimiento alguno, tratándose de una ayuda directa a las empresas para que éstas abonasen las indemnizaciones por despido de 24 trabajadores, además de los costes de las dos personas ajenas a la plantilla, sin que se formulara solicitud, sin una mínima tramitación administrativa, sin que se dictara resolución de concesión o se recogiese de algún modo exigencia de justificación alguna".

En este marco, esta prejubilada del ERE de Surcolor ha narrado que una vez recibió la carta de Apra Leven sobre la decisión de Surcolor de "desvincularse" de su parte de financiación de las rentas del ERE, acudió a la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y entregó "una copia" de la carta con el ruego de que fuese "entregada en mano" a Antonio Rivas, entonces delegado provincial del ramo. Y es que según sus palabras, en la Junta sólo respondían a sus peticiones de información con el mensaje de que se trataba de "una situación muy compleja".

LA REUNIÓN CON RIVAS

Días después, según ha dicho, fue convocada a una reunión en la que participaron, entre otros, Rivas, el entonces responsable de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO de Sevilla José Hurtado Quirós, acusado en este juicio; otros miembros "del sindicato" y componentes de Surcolor.

En ese encuentro, según ha dicho, José Hurtado Quirós la señaló a ella como la persona que había entregado la carta de Apra Leven en la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo, tras lo cual, según su relato, fue debatido el hecho de que Surcolor se desvinculase de la financiación del ERE. Fruto de ello, según ha dicho, fue planteada la idea de "denunciar" el asunto ante las autoridades, ante lo que Antonio Rivas habría avisado, siempre según sus palabras, de que "si se denunciaba" el asunto, "la Junta se retiraría" de la financiación del ERE.

Ello, según ha remarcado, cuando la carta la habían recibido "todos" los prejubilados del ERE y pese a que "el sindicato", en alusión a CCOO, les había asegurado que "siempre iba a estar el respaldo de la Junta" para sufragar las rentas del ERE.

Del mismo modo, esta testigo ha asegurado que si en la documentación del ERE los miembros de la plantilla de Surcolor incluyeron la cifra de 26 trabajadores afectados, cuando sólo 24 empleados iban a ser despedidos, fue "por casualidad", desligándose así del hecho de que fuesen finalmente 26 las personas que cobrasen las rentas del ERE, en concreto los 24 despedidos más los dos "intrusos" que jamás habían formado parte de la plantilla y que según remarcaba la Guardia Civil tenían nexos "familiares" con Rivas o el PSOE.

"No nos dimos cuenta. Se hizo inocentemente y dio esa casualidad", ha asegurado, manifestando que cuando supo que dos personas ajenas a la plantilla estaban cobrando las rentas acordadas en el ERE pensó "madre mía".