SEVILLA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los trabajadores de los centros de primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en Andalucía están llamados este miércoles a la primera de dos jornadas de huelga --la otra será el jueves 20 de abril--, convocada por la Federación de Enseñanza de CCOO-A en señal de protesta por las posibles consecuencias laborales que consideran puede tener el nuevo modelo de financiación promovido por la Consejería andaluza de Educación.
"Son los propios trabajadores los que nos lo han pedido", ha precisado a Europa Press el secretario general de la Federación, Diego Molina, cuyo sindicato ostenta la representación mayoritaria en Infantil, después de que en varias reuniones con la Consejería la Junta "no haya dado posibilidad alguna de negociación, pues entendían que sólo tenían que informarnos".
No será la única protesta convocada, pues también este miércoles los trabajadores y familias se concentrarán a las puertas del Parlamento de Andalucía --que tiene prevista la aprobación del decreto en Pleno-- como muestra de "desacuerdo y descontento ante el decretazo que, sin consenso y por la vía de urgencia, ha sacado la Junta de Andalucía para nuestro nivel educativo".
La central sindical justifica el paro en la "mercantilización" del sector y los riesgos laborales, ya que considera que "se pone en peligro" el empleo y empeorarán las condiciones.
Según Molina, "la publicación del decreto-ley de Educación Infantil y el cierre a la negociación por parte de la Consejería de Educación supondrá para miles de trabajadoras una mayor precarización de sus condiciones laborales". El problema principal radica en que su implantación puede conllevar la destrucción de empleo y el empeoramiento de las ya deficientes condiciones laborales de un sector feminizado en el 95 por ciento.
La consecuencia directa del decreto-ley será sacar las plazas a concurrencia competitiva, "con rebajas de hasta el 15 por ciento sobre un coste por plaza que ya estaba en entredicho". Además, establece de forma tácita el llamado cheque-escolar, "que fomenta la mercantilización de esta etapa educativa cuando la LOE y la LEA restringen las ayudas a la ausencia de ánimo de lucro".
Ello conllevará, según CCOO, dificultades para las empresas más cumplidoras laboralmente y con plantillas más estables, pues "se exigirá un esfuerzo aún mayor a su personal para poder competir y mantener las mismas condiciones, facilitando un trasvase de alumnado que pondrá en peligro los empleos y su estabilidad, al generalizar una situación de competencia desleal entre los centros y sus trabajadores".
Según el sindicato, éstos, hasta ahora, aspiraban a mejorar sus condiciones laborales tras años de congelación salarial --una educadora cobra 837 euros brutos por un mínimo de 38 horas semanales de trabajo--, pero el decreto-ley aprobado por el Gobierno andaluz "ha supuesto un golpe bajo a sus expectativas, pues viene a facilitar situaciones laborales incuso por debajo de convenio, porque la Consejería no se preocupa por controlar si se aplican los convenios en los servicios que licita".
Para Molina, "el contenido, fondo, formas y consecuencias para los trabajadores del decreto-ley son razones más que suficientes para convocar huelga".