Procesados el exconsejero Manuel Recio y el exrector de la UCA por 20 millones para los extrabajadores de Delphi

Archivada la causa respecto al exconsejero Antonio Fernández y el exdelegado de Empleo en Cádiz Juan Manuel Bouza

SEVILLA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha acordado continuar como procedimiento abreviado las actuaciones seguidas contra el exconsejero socialista de Empleo de la Junta de Andalucía Manuel Recio y otros dos investigados, el ex rector de la Universidad de Cádiz (UCA) Diego Sales y Sebastián S.G., en una pieza separada del caso de los cursos de formación centrada en la presunta ilicitud del otorgamiento, pago y justificación de 20,2 millones de euros para la Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz (Fueca), para cursos de formación a extrabajadores de Delphi, siendo no obstante "el objeto principal" de la subvención "la ficticia contratación laboral de los extrabajadores".

En un auto fechado el día 9 de enero y difundido por la Oficina de Comunicación del TSJA, el magistrado de refuerzo José Ignacio Vilaplana aprecia presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.

Los tres investigados contra los que se continúa el procedimiento son el exconsejero de Empleo Manuel Recio; el representante legal de Fueca, Sebastián S.G., y el presidente del Patronato de dicha fundación y rector de la Universidad de Cádiz a la fecha de los hechos, Diego Sales, según expone en el auto el juez instructor, que asimismo acuerda el sobreseimiento de la causa respecto de otros cuatro encausados, entre ellos el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández; y Juan Manuel Bouza, ex delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz; al considerar que "no se encuentran en la causa indicios sólidos que permitan atribuirles participación -relevante penalmente- en los hechos investigados" en esta pieza separada.

El magistrado precisa que, en esta pieza separada de la causa se investigan los hechos vinculados con "la contratación simulada de los antiguos trabajadores de Delphi por unos cursos de formación que requerían su contratación y alta en la Seguridad Social sin que existiese una verdadera y real prestación de servicios en el seno de la correspondiente entidad formadora subvencionada, en este caso" Fueca, de forma que dichos contratos "sólo habrían de tener como objeto ofrecer una apariencia de relación laboral que justificase el correspondiente alta en la Seguridad Social y así facilitar a los antiguos trabajadores de Delphi incluidos en el denominado "Dispositivo de Tratamiento Singular" el periodo de carencia necesario para reunir los requisitos correspondientes como beneficiarios de prestaciones que, de otro modo, no les habrían correspondido".

"DESVÍO DE FONDOS PÚBLICOS"

Tras aseverar que también "podría haberse producido el desvío de los fondos públicos objeto de la subvención a través de subcontrataciones no autorizadas y otras irregularidades", el juez precisa que "el concierto delictivo se habría configurado en torno a la simulación de contrataciones con los exempleados de la empresa Delphi, incluyendo así salarios, cotizaciones y otros gastos que pagaría de modo indirecto la propia Junta de Andalucía a través de Fueca", de modo que esta fundación "contrataría a los trabajadores de Delphi del dispositivo singular, pero siempre con financiación pública; trabajadores que no realizarían un trabajo productivo por cuenta ajena".

El juez incide en que el proyecto subvencionado en favor de Fueca consistía en proporcionar formación a los extrabajadores de Delphi para mejorar su empleabilidad, "pero se exigía su contratación y alta en la Seguridad Social, si bien la actividad de los contratados no habría sido otra que la de recibir formación, sin que existiese una verdadera prestación de servicios dentro del ámbito de organización y dirección de la empresa o entidad beneficiaria de la subvención, es decir, dentro de Fueca".

Centrándose en el papel del exconsejero de Empleo Manuel Recio, el juez manifiesta que habría emitido la correspondiente resolución de concesión de la subvención excepcional "sin estudios y análisis previos, sin ni siquiera comprobar la legalidad de su concesión, y sin una previa comprobación o análisis (...) del correcto destino de las subvenciones precedentemente concedidas con el mismo objeto; haciendo así dejación de sus deberes elementales en el cargo", añadiendo que la subvención fue concedida, "al margen de la más mínima forma de legalidad, con fecha 10 de mayo de 2011, aún cuando la práctica formativa había comenzado el 1 de marzo de 2011, casi dos meses y medio antes de estimarse la solicitud de concesión de la ayuda".

"CONTRATACIÓN FICTICIA Y FRAUDULENTA"

"A través del otorgamiento de esta subvención (...), los responsables de la Consejería de Empleo investigados habrían determinado y posibilitado la contratación ficticia y fraudulenta de los trabajadores de Delphi, comprometiendo fondos de forma ilícita mediante la simulación de unos supuestos contratos para obra o servicio determinado, que no tenían, de hecho, contenido efectivo, pues no obligaban a realizar otra actividad que no fuese la de recibir la formación, sin que existiese una verdadera prestación de servicios dentro del ámbito de organización y dirección de la correspondiente entidad empleadora subvencionada", asevera el magistrado.

Según afirma el magistrado, "en esa relación "laboral" concertada por los investigados no hubo prestación alguna de servicios por cuenta del supuesto "trabajador" (en realidad, alumno de la acción formativa), sino la de recepción de formación facilitada por Fueca, que no percibiría frutos de la actividad de los "trabajadores" que tuviera para ella valor económico, pues no se puede equiparar a la "prestación de servicios" propia de la relación laboral la mera asistencia de la persona a la que se dio de alta en la Seguridad Social, como trabajador por cuenta ajena, a los cursos de formación impartidos, no derivando los beneficios económicos obtenidos por tal entidad fruto del trabajo de aquéllos supuestos trabajadores, sino de la subvención graciosamente concedida por la Junta de Andalucía para la realización" de las actividades formativas.

"Las altas" en la Seguridad Social "fueron ficticias, al no haber existido prestación de servicios que fundase las mismas", incide el instructor, que explica que los dos investigados vinculados a Fueca, de su lado, "habrían posibilitado el otorgamiento y obtención irregular de esta subvención, facultando, a su vez, la contratación ficticia y simulada de los extrabajadores de Delphi".