SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Políticas Migratorias y Andaluces en el Exterior del PSOE-A, Beatriz Rubiño, ha asegurado que su formación "no mira a otro lado" ante la dura realidad de la inmigración y por tanto el Presupuesto de la Junta para 2018 recoge un incremento del 51 por ciento de la partida para políticas migratorias, hasta alcanzar los 4,9 millones.
En rueda de prensa, Rubiño ha destacado que en el último año se han incrementado un 160 por ciento el número de inmigrantes que ha llegado a Andalucía "y como dice Susana Díaz, el Mediterráneo ya no puede considerarse una frontera sino casi en una fosa o cementerio donde acaban los sueños de esas personas que vienen a conseguir vida digna y mejor".
Tras destacar que en los últimos días han llegado muchas pateras a las costas andaluzas, siendo ésta una realidad a la que el PSOE-A no deja de lado, Rubiño ha dicho que los socialistas actúan en materia presupuestaria. Según ha precisado, la Consejería de Justicia e Interior destina 4,9 millones a un programa de acogida e integración que expresa el "carácter social" de estos presupuestos.
Dicho programa tiene una línea dedicada a las corporaciones locales para mejorar la empleabilidad y el hábitat de inmigrantes que llegan a Andalucía a trabajar como temporeros. Algo más de un millón, que depende del Fondo Social Europeo, se destina a mitigar situaciones de infravivienda, y otro millón en los Presupuestos de la Junta (500.000 euros que el año pasado) va para que ayuntamientos sufraguen albergues, casas de acogida y centros diurnos de asistencia básica.
Asimismo, según ha explicado la socialista, hay una segunda línea en ese programa para apoyar a las entidades sin animo de lucro que realizan una "gran labor" en inserción laboral, educativa, económica, social, cultura y sanitaria de los inmigrantes. A esta cuestión se destintan 1,2 millones de euros.
Finalmente, una tercera línea del citado programa, dotada con 46.000 euros, se destina a apoyar a asociaciones de mujeres inmigrantes para formación específica de profesionales del ámbito sanitario, educativo y servicios sociales para la prevención de la trata de personas con fines de explotación sexual.
De otro lado, Rubiño ha señalado que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales destina otros 2,4 millones para actividades relacionadas con la inmigración, una para los ayuntamientos que atienden a este colectivo, y otra para las entidades sociales.