PSOE-A lamenta que no se tenga clara la consideración de Andalucía como "nacionalidad histórica"

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Libertades y Política Territorial del PSOE-A, Gregorio Cámara, ha lamentado este miércoles que después de cuatro décadas, todavía no se tenga clara la consideración de Andalucía como "nacionalidad histórica", cuando es algo que se ha ganado con su esfuerzo y con el voto y respaldo del conjunto del pueblo andaluz.

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, Gregorio Cámara se ha pronunciado así tras ser preguntado sobre el hecho de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, explicara ayer su concepto de "nación de naciones" asegurando que además de España, que es una nación "no sólo un Estado", en términos históricos también tendrían esta consideración "al menos" Cataluña, País Vasco y Galicia.

Cámara, que tuvo la ocasión de escuchar en directo esas manifestaciones de Sánchez, durante los Desayunos Informativos de Europa Press, ha apuntado que le llamó la atención "el debate nominalista en torno al concepto de nación". A su juicio, si nos centramos en un debate puramente nominalista, "al final el marco de debate que se establece es el del nacionalismo, lo que enfanga mucho las posiciones".

Para el dirigente socialista andaluz, es "muy chocante que después de 40 años de desarrollo democrático y del estado de las autonomías, con una dinámica homogeneizadora pero son respeto pleno a los hechos diferenciales y singularidades, ahora resulte que no se tiene claro que Andalucía pueda estar en ese máximo nivel de consideración como una nacionalidad histórica, cuando se lo ha ganado con su esfuerzo y con el voto y respaldo del conjunto del pueblo andaluz".

Tras indicar que no es conveniente estancarnos en un debate exclusivamente nominalista, ha señalado que el debate debería centrarse en la configuración de un modelo federal, donde se trate de garantizar el máximo nivel de autogobierno para los territorios, de manera que todos tengan un autogobierno de calidad y una financiación suficiente, manteniendo los hechos diferenciales que reconoce la Constitución.