PSOE-A niega "trama organizada" en sus alegaciones al dictamen de la comisión de formación

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha querido dejar claro este lunes, en sus alegaciones al dictamen de la comisión de investigación sobre los fondos de formación, que "no existen pruebas ni evidencias en que fundamentar la existencia de una trama organizada" y que, en cambio, sí ha habido, por parte de algunos grupos políticos, una "causa general contra el Gobierno andaluz y el PSOE".

Así se recoge en las enmiendas al dictamen de la comisión que el grupo socialista ha registrado en el Registro del Parlamento y a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press.

Según el grupo socialista, algunos grupos hablaban "de trama de corrupción que afectaba a autoridades y funcionarios de la Junta de Andalucía" y han pretendido hacer de esta comisión "una causa general contra el Gobierno andaluz y contra el PSOE", cuando el mandato del Parlamento era investigar sobre las subvenciones concedidas.

Asimismo, se ha referido a la "frustración de algunos comisionados al no ver ratificadas las conclusiones apriorísticas y especulativas que ya traían escritas", basadas en una "tesis conspiratoria" sobre una "trama organizada para saltarse la legalidad y propiciar el fraude".

Según ha denunciado el PSOE-A, "algunos grupos políticos ya venían con las conclusiones redactadas y de los comparecientes sólo interesaba que ratificaran sus tesis apriorísticas sobre la existencia de una trama en la Junta de Andalucía para defraudar, no lo que pudieran aportar para conocer lo ocurrido".

Ha recordado que el Grupo Socialista optó por preguntar directamente a todos los funcionarios y responsables políticos si habían recibido o impartido algún tipo de orden o instrucción para que "se cometieran ilegalidades, algo que todos negaron de forma rotunda".

El PSOE-A ha querido dejar claro que hubiera sido "el primero en exigir, si hubiera existido una trama de corrupción, las responsabilidades políticas, penales y de toda índole y, sobre todo, que se devolviera el dinero usado indebidamente".

En sus enmiendas también quiere dejar claro que "los servidores públicos han realizado su labor con profesionalidad y estricto cumplimiento de la legalidad". Señala que todos los grupos políticos han reconocido "que los servidores públicos que han participado en la gestión de las subvenciones de la FPE han realizado su labor con total profesionalidad y estricto cumplimiento de la legalidad.

Asimismo, el PSOE-A asegura que todas sus conclusiones sobre la comisión de investigación se han "basado en la documentación y en las manifestaciones de los comparecientes ante la comisión" y, de forma especial, las realizadas por los funcionarios (los 11 interventores y los 11 jefes de servicio que han comparecido).

"Por respeto a los profesionales y a la verdad, tras analizar la documentación y las manifestaciones, hay que concluir que no existen pruebas ni evidencias en que fundamentar la existencia de una trama organizada, así como tampoco la existencia de negligencia, permisividad, ni ningún otro tipo de comportamiento inadecuado para atribuir ningún tipo de responsabilidad política ni a autoridades ni funcionarios", según el grupo socialista, que añade que, en igual sentido, se han pronunciado los tribunales de justicia.

"RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DE FORMA INDISCRIMINADA"

De otro lado, denuncia que se exigen "responsabilidades políticas a todos los altos cargos de forma indiscriminada y sin concretar para cada uno de ellos de qué se le responsabiliza".

"Esta forma de proceder puede responder a que no se ha encontrado la más mínima prueba o indicio en el que fundamentar responsabilidades concretas para cada uno de ellos", según el PSOE-A, para quien "son mínimas las referencias literales a lo manifestado por los comparecientes para respaldar las afirmaciones recogidas en la propuesta de dictamen, cuando precisamente deberían ser estas comparecencias la base principal para determinar con objetividad los hechos investigados, abstrayéndose de apriorismos y comentarios ajenos a los trabajos de la comisión".

Para el PSOE-A, el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas ha sido "matizado y corregido" por el acta de liquidación provisional del Tribunal de Cuentas (órgano jurisdiccional competente para determinar la existencia de responsabilidad contable y menoscabo). Así queda recogido en los párrafos 325, 347, 348 y 549 de la propuesta de dictamen.

Señala también que las subvenciones para cursos de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía contaban con "una doble fiscalización por parte de la Intervención de la Junta de Andalucía": una a priori, conocida como fiscalización previa y otra a posteriori, a través del control financiero de subvenciones.

Entiende además que "no existe relación de causalidad entre la suspensión y el perjuicio social". Según el PSOE-A, en el dictamen se establece una "relación de causalidad entre la "puramente preventiva y de prudencia está en las alertas y presión ejercida por algunos grupos políticos".

Como se ha demostrado a lo largo de los trabajos de esta comisión y han corroborado diversos autos judiciales, según el PSOE-A, estas alertas fueron "magnificadas y no tenían fundamento, respondiendo a una estrategia de acoso y derribo al Gobierno socialista andaluz". "Sería como responsabilizar a la Policía del daño que pudiera producirse por desalojar un edificio como consecuencia de una alerta de bomba que posteriormente resulta falsa, cuando además en este caso quién hizo la llamada sabía que era falsa", pone el PSOE-A a modo de ejemplo.