PSOE-A pedirá que el Parlamento andaluz se muestre a favor del Ingreso Mínimo Vital anunciado por el Gobierno

SEVILLA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha elaborado una proposición no de ley (PNL) para su debate en Pleno que llama a "reforzar el sistema público de servicios sociales para la protección de las personas más vulnerables de Andalucía", con la que, entre otras cuestiones, quiere que la Cámara autonómica se muestre "favorable a apoyar la puesta en marcha de un Ingreso Mínimo Vital gestionado a través del sistema de Seguridad Social, ya anunciado por el Gobierno de España", de socialistas y Unidas Podemos.

Es una de la docena de reclamaciones que el PSOE-A presenta en esta PNL dirigida al Pleno del Parlamento, consultada por Europa Press y enmarcada en la deriva económica y social de la crisis sanitaria del coronavirus.

Así, con esta iniciativa los socialistas también quieren que la Cámara se muestre "favorable a apoyar las medidas económicas y sociales aprobadas por el Gobierno de España que, además de facilitar la adecuada respuesta sanitaria a la emergencia por el Covid-19, permitan garantizar la protección de familias, trabajadores y colectivos vulnerables y sostener el tejido productivo y social, minimizando el impacto para facilitar que la actividad económica se recupere cuanto antes".

De cara al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs), la iniciativa socialista quiere que desde el Parlamento se le inste a "incrementar la financiación a la administración local a través de la creación de un Fondo Social --Patrica Social-- para que los municipios puedan atender con agilidad a las familias más vulnerables, cubriendo desde sus necesidades alimentarias, hasta los suministros básicos, a través de los servicios sociales comunitarios".

También, que "reformule" el proyecto de las 'tarjetas monedero' anunciado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, "a fin de garantizar la prescripción pública de los recursos" y "utilizando la puerta de entrada única de los servicios sociales a través de las vías que se consideren más rápidas y adecuadas, incorporando la garantía de los informes sociales del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, para la adecuada cobertura de las necesidades sociales".

La PNL socialista también llama a "reforzar el Sistema Público de Servicios Sociales como cuarto pilar del Estado del bienestar, a través de una distribución extraordinaria de créditos entre ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y diputaciones provinciales, para la contratación de profesionales que trabajan en los Servicios Sociales Comunitarios", de áreas como "trabajo social, sicología, educación social y personal auxiliar".

RENTA MÍNIMA

Otras reclamaciones de la proposición socialista son las que llaman a "garantizar el cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales y el derecho de acceso universal al conjunto de servicios y prestaciones, a través de los profesionales del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía", así como a "reactivar el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, que regula la Renta Mínima de Inserción Social, mediante la resolución de los expedientes en lista de espera, a través del refuerzo de personal funcionario dependiente de las delegaciones provinciales de la consejería competente en materia de servicios sociales".

Asimismo, los socialistas quieren que desde el Parlamento se inste a "impulsar la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis), dictando resolución, con carácter inmediato, de la línea dirigidas a entidades del tercer sector que posibiliten la convivencia positiva y la inserción social en estas zonas tan vulnerables".

También, a que se proceda a "la inmediata publicación de la convocatoria de subvenciones para 2020 regulada a través de la Orden de 25 de abril de 2018, en todas sus líneas, destinadas a entidades públicas y privadas, mediante la tramitación de urgencia", así como a que se adopten "las normas jurídicas que permitan aplicar el 'silencio administrativo positivo' a todos los procedimientos que afectan a las personas en lista de espera de cualquier prestación", como dependencia o ayuda a domicilio.

Con esta iniciativa, el PSOE-A también quiere que desde el Parlamento se inste a "promover la complementa de las acciones del tercer sector, desde la directriz de la administración pública, sobre los derechos de ciudadanía que garantiza el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía".

Finalmente, el Grupo Socialista solicita mediante esta PNL la convocatoria, "con carácter urgente", de "la Comisión de Coordinación y Colaboración de los Servicios Sociales, y profundizar en la colaboración y la circunlocución con las administraciones locales, para que cuantas iniciativas se pongan en marcha cuenten con el consenso, conocimiento y apoyo suficiente, permitiendo su gestión rápida y eficaz y el seguimiento y control adecuado de los recursos públicos".

EL IMPACTO SOCIAL DE LA CRISIS DEL COVID-19

En su exposición de motivos, el Grupo Socialista justifica esta iniciativa por la necesidad de "evitar que la nueva crisis social que se está generando a raíz del Covid-19 sitúe a los servicios públicos en el precipicio de la desatención, de la privatización y de la vulnerabilidad", ya que el PSOE-A augura que el sistema de servicios sociales sufrirá un impacto "brutal" con esta crisis.

Frente a la respuesta "rápida" del Gobierno central y los municipios con actuaciones ante el "elevado impacto económico en los hogares más vulnerables" que ocasiona la crisis del coronavirus, el PSOE-A entiende que la de la Junta de Andalucía "está siendo más lenta y tenue".

Así, los socialistas advierten de que "sigue sin resolverse la lista de espera en la Renta mínima de Inclusión social, no se han reforzado los servicios sociales comunitarios, se ha suspendido el acceso al sistema de atención a la dependencia y el apoyo a las corporaciones locales sigue siendo escaso".

POSIBLES "INCUMPLIMIENTOS" DE LEYES CON LAS 'TARJETAS MONEDERO'

Sobre las 'tarjeta monedero' anunciadas por la Junta para la adquisición de comida, de una lista establecida, en supermercados, el Grupo Socialista critica que se vaya a canalizar "a través de diversas ONG, sin informe social de los servicios sociales comunitarios, y sin implicación del profesional de referencia, trabajador o trabajadora social de la administración pública competente", como ayuntamientos o diputaciones provinciales.

Para el PSOE-A, "este modelo de intervención social, de espaldas a los servicios ya puestos en marcha por la inmensa unanimidad de los ayuntamientos y diputaciones de Andalucía, (...) además de no garantizar la universalidad y transparencia del sistema, incumpliría lo dispuesto en la ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía, que (...) establece la universalidad en el acceso a los servicios sociales y la gestión directa por parte de las administraciones públicas de las potestades administrativas".

También incumpliría, a juicio de los socialistas, la Ley 4/2018 de Voluntariado de Andalucía, que "establece que las actividades de voluntariado tampoco podrá sustituir a las administraciones públicas en el desarrollo de funciones o en la prestación de servicios públicos a los que están obligadas por ley".