El PSOE-A pedirá al Parlamento que apoye el recurso de la Junta contra el pago de la sanción de la UE sobre pastos

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A defenderá el jueves en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley en la que pide que la institución apoye que la Junta recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la decisión del Gobierno de España de desviar a las comunidades autónomas la multa de 262,8 millones de euros que le impuso la Comisión Europea en relación con las ayudas en zonas de pastos.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el
PSOE-A pide el apoyo del Parlamento a esa decisión de la Junta para
exigir al Estado que asuma el abono de una sanción cuya responsabilidad es nacional y que se proceda a la suspensión cautelar de la ejecución del procedimiento hasta tanto se pronuncie la Sala del TSJA, en aras a preservar los derechos de los agricultores y ganaderos andaluces.

Según el PSOE-A, Gobierno andaluz no podría asumir dicha sanción sin que se viesen afectadas partidas tan sensibles y prioritarias como la educación, la sanidad o servicios sociales básicos.

El grupo socialista también pretende que el Parlamento se muestre favorable a que el Ejecutivo andaluz acuerde con las otras comunidades afectadas la adopción de estas medidas de defensa de los derechos de los agricultores y ganaderos.

El acuerdo de trasladar su pago, adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 17 de febrero, afecta a once regiones. En el caso de Andalucía, la Junta tendría que hacer frente a la devolución de 63,7 millones de euros.

Según el PSOE-A, la sanción de Bruselas se debe a que el Gobierno traspasó a la normativa estatal, de forma tardía e inadecuada, el coeficiente reductor que determina las superficies admisibles de pastos excluyendo terrenos no productivos como los formados por rocas o matorral denso.

El Ejecutivo central descarga en las comunidades, según los socialistas, la responsabilidad por este error, referido a las campañas entre 2009 y 2013, y pretende descontarles los importes en un plazo de dos meses si se niegan a asumirla. Para el PSOE-A, ello podría comprometer el pago de las ayudas de la PAC, que en Andalucía suponen más de 1.400 millones de euros anuales y benefician a 300.000 agricultores, ganaderos y empresas agroalimentarias.