PSOE-A pide a la Junta un programa para censar instalaciones con amianto en Andalucía y planificar su retirada

SEVILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha registrado en el Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) para su debate en la comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública relativa a la inclusión en el Plan de Cooperación Municipal de Programas de Políticas Públicas para "posibilitar la elaboración, gestión y ejecución de las medidas derivadas del censo de instalaciones y emplazamientos con amianto en las entidades locales andaluzas".

Así, uno de los objetivos que persigue esta iniciativa, consultada por Europa Press, es que la Junta de Andalucía se encargue de "diseñar, ordenar, coordinar, controlar y gestionar un programa de políticas públicas en materia de cooperación y colaboración de medios humanos, técnicos, materiales y económicos dirigidos a las entidades locales andaluzas para la elaboración de un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, así como el calendario que planifique su retirada".

No obstante, la primera de las reclamaciones que el PSOE-A dirige a la Junta a través de esta iniciativa parlamentaria es la de instar a "la consejería competente en materia de Administración local a impulsar, desarrollar y coordinar un sistema de coordinación, junto con las consejerías competentes en materia de medio ambiente, salud y empleo, con la participación de la FAMP y las diputaciones provinciales, para el cumplimiento de la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular".

Dicha disposición adicional de la ley para una economía circular establece que, "en el plazo de un año desde la entrada en vigor" de dicha normativa, "los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo un calendario que planifique su retirada".

"Tanto el censo como el calendario, que tendrán carácter público, serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado", especifica la misma disposición adicional, que precisa que "esa retirada priorizará las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable", y, "en todo caso, las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028".

En este contexto, el Grupo Socialista quiere con esta PNL que el Parlamento inste "a la consejería competente en materia de Administración local, en colaboración con la consejería competente en materia de medio ambiente, en el ámbito del Plan de Cooperación Municipal, a diseñar, ordenar, coordinar, controlar y gestionar un programa de políticas públicas en materia de cooperación y colaboración de medios humanos, técnicos, materiales y económicos dirigidos a las entidades locales andaluzas para la elaboración de un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, así como el calendario que planifique su retirada".

De igual modo, el PSOE-A quiere que desde el Parlamento se inste a las mismas consejerías a "establecer, en el ámbito del Plan de Cooperación Municipal, un programa de cooperación económica extraordinario, hasta 2028, dirigido a las diputaciones provinciales y las entidades locales para la ejecución de las acciones de retirada y envío a un gestor autorizado de las instalaciones y emplazamientos de amianto de carácter público con mayor riesgo incluidas en los distintos censos municipales".

En cuarto lugar, la iniciativa socialista plantea que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "establecer, en el marco del Plan de Cooperación Municipal, un nuevo programa financiado a cargo del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, en base a las liquidaciones efectuadas por ese concepto por cada entidad local de forma anual, para posibilitar la gestión y ejecución de las medidas derivadas del censo de instalaciones y emplazamientos con amianto en las entidades locales andaluzas".

Finalmente, el PSOE-A también quiere que el Parlamento inste "a la consejería competente en materia de Administración local a la convocatoria del Consejo Andaluz de Concertación Local con el fin de deliberar sobre el Acuerdo de 10 de octubre de 2024 de la FAMP --Federación Andaluza de Municipios y Provincias-- con relación al impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero, la incineración y la coincineración de residuos".

Se trata de "que las entidades locales sean destinatarias de su recaudación final como responsables del tratamiento de los residuos, al objeto de poder financiar infraestructuras, medios y acciones que permitan mejorar la gestión de recogida selectiva e ir minorando el vertido de vertederos, y conseguir a la vez mejorar los objetivos de recogida selectiva marcados por Europa y la legislación vigente, en el ámbito de la economía circular, así como potenciar la implantación de recogida separada de orgánico, refuerzo de tratamiento de plantas para mejorar la recuperación de fracción-resto, etcétera", según precisa la iniciativa socialista.

CARTAS DE LA JUNTA A ENTIDADES LOCALES "CON MODOS DE 'ASUSTAVIEJAS'"

En su exposición de motivos para justificar esta iniciativa, desde el Grupo Socialista advierten de que, "en las últimas semanas, las entidades locales de Andalucía viene recibiendo cartas desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, con modos de 'asustaviejas', e inmediatamente después ofertas comerciales de empresas especializadas, con relación al cumplimiento de la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/2022, de 8 de abril".

Desde el PSOE-A critican que "la información facilitada" al respecto por la Junta "llega tarde a las entidades locales andaluzas, ya que, en lugar de haberla trasladado cuando se aprobó la ley y la disposición que regula las instalaciones y emplazamientos con amianto, hace más de un año, lo hace ahora, otorgando un plazo de diez días a modo de requerimiento y amenazando con la 'valoración de procedencia, o no, de inicio de procedimiento sancionador'".

El Grupo Socialista pone de relieve que "ni las consejerías competentes en materia de salud ni de empleo han iniciado actuación al respecto teniendo idéntico mandato", y la FAMP, "en su papel de interlocutor como organización más representativa de las entidades locales, tampoco se ha pronunciado al respecto".

La iniciativa socialista llama además la atención acerca de que "sigue sin cumplirse en su totalidad" el acuerdo, de fecha del 5 de julio de 2016, del Consejo de Gobierno andaluz, "por el que se aprueba la planificación de la retirada progresiva del amianto en las infraestructuras públicas educativas", que "estableció un plan para la erradicación del amianto en los centros educativos de esta comunidad autónoma hasta 2022".

Para el PSOE-A, "una vez más", ha quedado "evidente que el Gobierno andaluz vuelve a tratar a las entidades locales como si de una administración de carácter superior se tratara, pretende ejercer un poder patriarcal" sobre los ayuntamientos, "en lugar de atender al espíritu de la Constitución y del Estatuto de Autonomía para Andalucía en los que se recogen los distintos niveles de gobierno de forma competencial, no de modo jerárquico".

Finalmente, desde el Grupo Socialista subrayan que "la mayoría de las entidades locales de Andalucía son ayuntamientos medianos y pequeños que, en la mayor parte de los casos, carecen de medios técnicos, humanos y económicos que hace que requieran una asistencia y cooperación a estos niveles de carácter supramunicipal para poder cumplir con lo establecido por esta ley" sobre la economía circular, de ahí que el PSOE-A justifique la presentación de esta PNL.