PSOE-A pide a Moreno que deje de "engañar" y exija a Montoro que traslade a TC que desiste de suspensión de las 35 horas

SEVILLA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha reclamado este miércoles al presidente del PP-A, Juanma Moreno, que se dirija de manera inmediata al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, para pedirle que remita un escrito del Gobierno al Tribunal Constitucional comunicando que se desiste de la solicitud de suspensión cautelar del decreto andaluz de las 35 horas para los empleados públicos.

En rueda de prensa, Jiménez ha manifestado que lo único que tiene que conseguir el PP-A del ministro de Hacienda es lo que no consiguió la pasada semana, que el Consejo de Ministros de este viernes remita un escrito al Tribunal Constitucional afirmando que desiste de la solicitud de suspensión cautelar del decreto andaluz, y así se trate a Andalucía de la misma manera que se trató, con este mismo tema, a Euskadi, ya que en el caso de esa comunidad no se solicitó la suspensión cautelar de la medida de aplicación de 35 horas que aprobó el Gobierno vasco.

Para Mario Jiménez, esto es muy sencillo y el PP-A debería dejar "de marear la perdiz y de engañar a la opinión pública".

En su opinión, Moreno se "ha liado con las 35 horas y no sabe cómo salir de ese enredo, demostrando que tiene muy poca capacidad política y de influencia ante el Gobierno central y que está un poco a rastras de lo que determine caprichosamente Montoro y el Gobierno central con Andalucía, que hasta ahora solo ha sido discriminación".

Además, ha querido alertar de que se "está comprometiendo el inicio del curso escolar en septiembre si se mantiene la suspensión cautelar de la medida de las 35 horas". Ha señalado que la planificación del curso por parte de la Junta se ha hecho contando con 2.700 nuevos profesores que se incorporarían por la aplicación de las 35 horas.

Ha recalcado que lo que está ocurriendo con el asunto de las 35 horas es una "crueldad innecesaria y un daño que no tiene sentido", sobre todo, cuando el Gobierno central ha dicho que quiere aplicar esa medida en España a partir del año 2018.