PSOE-A pide desde el Parlamento una "gestión humanizada" de permisos a empleados públicos para cuidar a hijos enfermos

Archivo - Ordenadores en Oncología Pediátrica del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. (Foto de archivo).
Archivo - Ordenadores en Oncología Pediátrica del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo
Publicado: sábado, 23 noviembre 2024 10:29

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista defenderá el próximo jueves, 28 de noviembre, una proposición no de ley (PNL) en el Pleno del Parlamento andaluz con la que, entre otras cuestiones, quiere instar a la Junta a que "abogue por una gestión humanizada de los permisos" contemplados por ley para empleados públicos por cuidado de hijos menores de edad enfermos de cáncer u otra enfermedad grave, "lejos de criterios meramente economicistas".

Así se recoge en el primero de los cinco puntos de los que consta el apartado de reivindicaciones de esta iniciativa, consultada por Europa Press, relativa a los cuidados de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

De esta manera, el Grupo Socialista propone con esta PNL que el Parlamento inste al Gobierno de la Junta "a que abogue por una gestión humanizada de los permisos" para el cuidado de esos menores con cáncer, "lejos de criterios meramente economicistas, y reconozca la importancia de apoyar a los y las cuidadoras en su labor, evitando su estigmatización social y considerando la salud mental del empleado público y el impacto emocional del cuidado de largo plazo de un hijo o hija con enfermedad grave".

En segundo lugar, el PSOE-A propone con esta iniciativa que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno andaluz a "revisar cada uno de los casos de empleados o empleadas públicas dependientes de la Administración andaluza afectados por una extinción, revocación o reducción de su permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave (permiso CUME)".

De igual modo, la iniciativa plantea que el Parlamento inste al Ejecutivo andaluz a "establecer medidas de transparencia sobre los datos de concesión y denegación del permiso retribuido por cuidado de hijo e hija con enfermedad grave", así como a "crear una Unidad que supervise la gestión del permiso".

Finalmente, el Grupo Socialista pedirá el jueves que el Parlamento inste a la Junta a que, "a su vez, inste al Gobierno de España para que impulse el desarrollo normativo del artículo 49 e) del Estatuto Básico del Empleado Público, de manera que se establezcan criterios objetivos y uniformes para la concesión del permiso retribuido, evitando así que se generen situaciones de desigualdad de trato entre el personal funcionario de las diferentes administraciones públicas, y garantizando a los empleados y empleadas públicas el mismo trato que hoy tienen reconocidos los trabajadores sujetos al régimen de la Seguridad Social en el Real Decreto 1148/2011, en la redacción dada por el Real Decreto 677/2023".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa se explica que el nuevo permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave se introdujo en el ordenamiento jurídico español en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, con efectos de 1 de enero de 2011.

Fue, según defiende el Grupo Socialista, "una prestación que nació con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para dar respuesta a una reivindicación histórica de las familias con hijos e hijas que sufrían enfermedades graves, y a partir de entonces empezó a ser conocida como la Ley CUME".

En concreto, "esta prestación se encuentra regulada en el capítulo X del título II, artículos 190 a 192, del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social", y "su finalidad es proteger a progenitores y progenitoras, a guardadores y guardadoras con fines de adopción, o a acogedores y acogedoras de carácter permanente que reducen la jornada de trabajo en, al menos, un 50 por ciento (...) para el cuidado directo, continuo y permanente de hijos e hijas, o personas sujetas a guarda con fines de adopción o acogida con carácter permanente, afectadas por cáncer o alguna otra enfermedad grave, durante el tiempo de hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad".

La iniciativa precisa que, "fuera del ámbito laboral privado, en el caso del empleado público, ese derecho al cuidado de hijo con enfermedad grave está recogido en el artículo 49 e) del Estatuto Básico del Empleado Público considerándose un permiso retribuido, no una prestación", si bien, en la actualidad, "este permiso no cuenta con desarrollo reglamentario, por lo que se deja el reconocimiento en manos de cada administración de la que dependa el trabajador", continúa explicando la iniciativa socialista.

La Junta de Andalucía "cuenta con una regulación propia, considerada innovadora y muy completa por muchas de las familias agrupadas en torno a la plataforma 'La Cume nos Une'", según abunda la PNL del PSOE-A, que aclara que se trata del Decreto 154/2017, de 3 de octubre, por el que se regula el permiso del personal funcionario para atender el cuidado de hijos e hijas con cáncer u otras enfermedades graves.

Desde el PSOE-A advierten de que, a través de dicha plataforma, "y a través de sindicatos", están "conociendo que este derecho del personal funcionario y estatutario se está viendo vulnerado mediante la extinción, revocación o reducción de los permisos de manera masiva y sistemática, y especialmente" en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), una situación que "en demasiadas ocasiones obliga a las familias a recurrir a la vía judicial con el coste añadido de tipo económico y personal".

El Grupo Socialista concluye justificando su iniciativa explicando que desde la plataforma de 'La Cume nos Une' consideran "necesario un desarrollo reglamentario de este derecho por parte del Gobierno de España, que establezca para el conjunto de las administraciones públicas una regulación uniforme y basada en criterios objetivos y transparentes, que podría nutrirse del decreto andaluz", y que "unifique las instrucciones de aplicación de este derecho para todos los empleados" de la función pública de la administración de las comunidades autónomas, "contando con la voz de familias afectadas y en el marco del diálogo social".

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