GRANADA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha subrayado que el proceso al que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, "está sometiendo a los catalanes debe acabar" pues "carece absolutamente de los más mínimos elementos jurídicos", y que, "cada vez que se cometa un delito" de cara a la organización del referéndum planteado para el 1-O, "la Fiscalía actuará y los jueces tomarán la decisión que corresponda".
Así lo ha indicado este viernes Rafael Catalá en Granada, tras ser preguntado por los periodistas sobre la denuncia por sedición presentada por la Fiscalía ante la Audiencia Nacional por los incidentes en Cataluña de los pasados 20 y 21 de septiembre, que viene a demostrar, en su opinión, que "en Cataluña, como en el resto de España, la ley se cumple", pese a que "algunos parece que viven mejor en el caos, en la negación de la democracia real".
Rafael Catalá ha explicado que el de sedición es un "delito ciertamente muy grave, por el que tumultuariamente se impide el normal funcionamiento de las instituciones" y, en este caso, se "manifestaban personas delante de un tribunal de justicia para coaccionar a los miembros de ese tribunal".
Catalá ha lamentado que la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, haya "arengado a los ciudadanos contra el poder judicial", y se haya "impedido" la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "cuando se han producido registros o detenciones".
"Cuando pasan esas cosas en una sociedad democrática" como la de España, ninguna puede "quedar impune", ha agregado Catalá, para quien la decisión del Ministerio Público "simplemente" viene "a garantizar que la ley se cumple en España" y que "si se comete un delito, no hay impunidad".
Para el ministro de Justicia, la situación está "llegando a un punto absolutamente absurdo" con "minorías radicales que están en Cataluña intentando imponer su voluntad", intentando hacer pensar que "votar es la democracia y que se puede hacer cualquier cosa en aras de eso que ellos consideran la democracia", cuando "la verdadera democracia está en el respeto a las instituciones".
Sobre la petición de disolución del Gobierno catalán a la Sindicatura Electoral para ceder su función a observadores, Rafael Catalá ha precisado que es un "acto jurídicamente innecesario" pues el acuerdo por el que se nombraba a los síndicos electorales "también fue suspendido por el Tribunal Constitucional".
Demuestra, a su parecer, que el referéndum que el Gobierno de la Generalitat y el Parlament habían planteado para el próximo 1 de octubre "no se va a llevar a cabo, pues la convocatoria está declarada inconstitucional", no habiendo censo o papeletas, y tampoco ahora "administración electoral con este cese de la Sindicatura".
En Granada, Catalá ha impuesto, en la Facultad de Derecho, la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort al José Luis González Montes, catedrático de Derecho Procesal y director del Departamento de Derecho Procesal y Derecho Eclesiástico de la Universidad de Granada, en presencia de la rectora de esta institución académica, Pilar Aranda.