SAF presenta una queja ante el Defensor del Pueblo por la falta de funcionarios y la usurpación de potestades en el SAE

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz por la falta de personal funcionario y la usurpación de potestades públicas en el Servicio Andaluz de Empleo.

En una nota, el SAF ha precisado que el SAE actualmente dispone de una plantilla de 1.278 funcionarios y 267 laborales del VI convenio colectivo "a pesar de que en la Relación de Puesto de Trabajo (RPT) figuran un total de 2.966 efectivos, lo que demuestra a las claras la desdotación de puestos de trabajo de personal funcionario".

Han indicado que "como consecuencia de la reordenación del sector público, existen también 1.277 trabajadores procedentes de Faffe, fundación multicuestionada por su vinculación con cargos y afines al Partido Socialista, y 426 ALPE y orientadores, readmitidos por sentencia judicial, lo que hacen un total de 1.970 personas, entre laborales y trabajadores externos a la Administración".

De esta forma, apunta que en el SAE "hay 1.278 funcionarios y 1.970 laborales (de distintas procedencias), en contra de lo que establecen la Constitución y la Ley".

Esta problemática del SAE ha sido llevada al Parlamento, a través del decreto Ley 1/2016, en cuya Disposición Adicional se atribuían una serie de funciones que podían ser desempeñadas por el personal laboral del SAE, motivo por el que 'no fue convalidado'".

Así, según relata, "todos los portavoces de los grupos parlamentarios, salvo el Socialista, "pusieron de manifiesto, que los propios letrados de la Administración informaron, que las tareas y trabajos a realizar, debían ser realizadas por personal funcionario, al existir cuerpos funcionariales especializados, el de Ciencias Sociales y del Trabajo o el Superior de Administradores".

El Defensor del Pueblo Andaluz, ante la queja presentada por el SAF, por la que denuncia "la falta de personal funcionario y la usurpación de potestades públicas del personal laboral y el colectivo de externos del Servicio Andaluz de Empleo", ha emitido una resolución "en la que contradice a lo acordado en el Parlamento de Andalucía, al sugerir a la Administración que dicte Instrucciones para atribuir funciones indistintamente al personal laboral y al personal funcionario".

Considera que ante el "entramado" de personal procedente de la Faffe y el colectivo de ALPE, "la directriz a seguir es clara, esto es, en el momento en el que sus puestos de trabajo dejen de ser necesarios, la Administración Pública tiene la obligación de amortizarlos (eliminarlos) y en el caso de que realmente sean necesarios debe sacarlos a oferta de empleo público para que todos los andaluces puedan optar a ellos en régimen de igualdad, obligación que se lleva incumpliendo desde hace años".

Para el SAF "esta resolución a la carta del Defensor del Pueblo Andaluz le viene a las mil maravillas al Gobierno de la Junta de Andalucía, ya que en ella encuentra justificación para la incorporación indiscriminada y sin el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, al abrir la puerta a la Administración Publica a personal que no ha superado prueba selectiva alguna y cuyas vinculaciones, en ocasiones, resultan sospechosas".

A su juicio, "este asunto no es baladí si tenemos en cuenta que existe una investigación penal por prevaricación y usurpación de funciones, en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, motivada por el desempeño de parte de personal no funcionario de tareas de seguimiento, control y verificación de la ejecución de cursos de formación profesional, asunto en el que figura, entre otros investigados, el actual alcalde de Granada, Francisco Cuenca".

Por todo ello, el Sindicato Andaluz de Funcionarios ha solicitado al Defensor del Pueblo que "rectifique su resolución", a la Consejería de Empleo que "rechace la sugerencia planteada" y, finalmente, lo hemos puesto en conocimiento de los grupos parlamentarios andaluces que en su día rechazaron el decreto Ley 1/2016.