Sanz critica que PSOE-A vaya a recurrir el decreto de simplificación en su "obsesión por destruir el Gobierno de Moreno"

La oposición de izquierda denuncia en el Pleno del Parlamento la "cacicada" y el "autoritarismo" de la Junta con este "decretazo"

SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz (PP-A), ha defendido el decreto-ley de simplificación administrativa que aprobó el Consejo de Gobierno andaluz el pasado 6 de febrero, y ha criticado el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) que ha anunciado este miércoles el Grupo Socialista, en el marco de su "obsesión por destruir el Gobierno" de Juanma Moreno.

Así lo ha sostenido el consejero en el Pleno del Parlamento durante su intervención en el debate para la convalidación del Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía.

Al inicio de su intervención, Antonio Sanz ha querido realizar "un llamamiento a la calma" para subrayar que "simplificar no es desregular", de forma que "el hecho de que eliminemos trámites, agilicemos tiempos" con este decreto, "no implica en ningún caso la ausencia o la falta de cumplimiento de la legalidad vigente", por lo que "ningún proyecto va a ver la luz en Andalucía si no se cumplen todas y cada una de las garantías legales que establece nuestro marco jurídico", según ha sentenciado.

Ha reivindicado la simplificación administrativa, "entendida como política pública de carácter transversal", como "un pilar fundamental para promover la productividad, la creación de empleo, la atracción de inversiones y el crecimiento sólido y estable de nuestra economía, al mismo tiempo que sirve para contribuir a una mejora en la prestación de los servicios y, consecuentemente, del bienestar de los ciudadanos", y ha proclamado que Andalucía da con este decreto "un paso de gigante" para convertirse "en la comunidad autónoma con menos burocracia del país".

Tras el anuncio de recurso ante el TC, Antonio Sanz ha preguntado a los representantes del PSOE-A "por qué les molesta que avance, que progrese Andalucía", y ha criticado que los socialistas "recurren todas las normas" que impulsa el Gobierno del PP-A "y no ganan nada" en los tribunales.

El consejero ha afeado a los socialistas que "llevan intentando zancadillear este decreto-ley de todas las maneras posibles", así como que "basan" el recurso de inconstitucionalidad que han anunciado en informes --extraídos del expediente que acompaña al texto de la normativa-- "no preceptivos" que, además, "no son vinculantes".

EL PSOE-A HABLA DE "CACICADA"

En el turno de intervenciones de los grupos, el parlamentario del PSOE-A Josele Aguilar ha comenzado preguntando al consejero "por qué tiene tanto miedo" en tramitar este decreto como proyecto de ley "si tan bueno es", y al respecto ha indicado que una tramitación así permitiría a Antonio Sanz estar explicándolo "durante dos meses, poniéndose medallas, hacerlo valer, y lo único que conseguiríamos es mejorarlo, si es posible, en algo".

El parlamentario del PSOE-A ha acusado al Gobierno del PP-A de cometer "una cacicada" con la tramitación de este decreto en el que "silencian a los grupos parlamentarios, al Consejo Consultivo, al Consejo Económico y Social, al Consejo Andaluz de Concertación Social, a las entidades locales y a la propia Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), a los que tanto les afecta este decreto", según ha remachado.

Tras subrayar que "no se justifica la urgente y extraordinaria necesidad" de este decreto "en ningún sitio", y que "falta el informe jurídico general de la norma", ha aseverado que "no estamos ante un decreto de simplificación", sino ante "un decreto 'ómnibus' tipo Milei donde han metido todo tipo de normas", así como la modificación de la Ley Forestal que "estaba en la proposición de ley" de PP y Vox para la regularización de regadíos de Doñana, según ha denunciado.

Josele Aguilar ha aseverado que el decreto está "plagado de trampas y engaños" y es "una norma desreguladora" que, según ha advertido además, en su artículo 117 autoriza que haya entidades urbanísticas certificadoras --entidades privadas-- que puedan emitir informes o certificados que "puedan surtir efectos equiparables al informe técnico en los procedimientos de intervención administrativa sobre la actividad de edificación, en los términos establecidos reglamentariamente".

Se trata de "sustituir el informe del funcionario por el de un profesional privado contratado por el particular", según ha abundado el diputado del PSOE-A antes de subrayar que "esto ya lo intentaron" con la Ley para el Impulso de la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), si bien el Consejo Consultivo advirtió de "la posible ilegalidad de esta norma" y de su "más que evidente inconstitucionalidad", según ha advertido antes de concluir remarcando que el PSOE-A "peleará donde sea necesario" contra este decreto.

VOX PIDE QUE SE TRAMITE COMO PROYECTO DE LEY

El portavoz adjunto del grupo Vox, Ricardo López, ha comenzado confirmando el apoyo de su formación a la convalidación de este decreto, si bien ha pedido que se tramite como proyecto de ley, y ha advertido de que desde el Gobierno andaluz "no han hecho mucho caso de lo que se les ha dicho" por parte de los letrados en sus informes del Gabinete Jurídico.

De igual modo, el representante de Vox ha reprochado al Ejecutivo de Moreno que, a la vez que aprueba medidas de simplificación, cuenta con "más consejerías" de las que tuvo el anterior Gobierno socialista de Susana Díaz y "más altos cargos".

POR ANDALUCÍA TACHA DE "DEPLORABLE" EL "DECRETAZO"

Por su parte, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha tildado de "decepcionante" la intervención del consejero de la Presidencia, a quien ha afeado la elaboración de este "decretazo" que ha tachado de "deplorable", de una extensión "casi inabarcable" y en "unos plazos endemoniados".

En esa línea, ha denunciado el "desprecio absoluto a la sociedad civil organizada" que, en su opinión, se da con este proceder, y ha subrayado que los informes del expediente que acompaña la aprobación de esta normativa "hablan de un decreto desordenado, sin ningún tipo de hilo conductor que no les permite tener una visión de conjunto que no tienen ni ustedes", según ha espetado la portavoz de Por Andalucía al Gobierno andaluz, al que ha acusado también de actuar con "desprecio por la verdad" con esta iniciativa.

De su lado, la parlamentaria del Grupo Mixto-Adelante Andalucía Maribel Mora ha sostenido que "no hay ni urgente ni extraordinaria necesidad" que justifique este decreto-ley con el que "cambian de una tacada 176 normas autonómicas", según ha criticado, al igual que ha reprochado al Gobierno andaluz que se tenga que "debatir en bloque" este decreto en el Parlamento "menos de una semana" después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

"Esto es autoritarismo puro y duro", ha sentenciado la diputada de Adelante, que además ha reprochado al Gobierno andaluz que intente "colar" en el decreto una modificación de la Ley Forestal "para que los freseros ilegales en suelo forestal, que no estaban incluidos en las ayudas" del acuerdo que la Junta suscribió con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre Doñana, "no tengan que pagar las sanciones" que les corresponderían, según ha criticado.

Frente a estas críticas, el parlamentario del PP-A José Ramón Carmona ha defendido que "lo que hace este gran decreto es crear el derecho de los andaluces a tener una administración más sencilla, rápida y segura", y ha reivindicado el "derecho" de los andaluces "a conquistar el derecho a la simplificación", desde la premisa de que "Andalucía quiere ser la comunidad autónoma con menos trabas y obstáculos".