Sanz respeta la decisión de Núñez sobre investigados por Faja Pirítica y desea que el procedimiento "finalice pronto"

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha mostrado su respeto a la decisión de la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE irregulares, quien ha abierto una nueva pieza separada en relación con las ayudas sociolaborales por valor de más de 40 millones de euros concedidas durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva y ha incluido como investigados en la misma a dos ex altos cargos que formaban parte del Gobierno de José María Aznar en 2003, a seis ex altos cargos de la Junta y a los ex secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, y de CCOO-A, Francisco Carbonero.

A preguntas de los periodistas, tras dar a conocer las previsiones de la DGT para la campaña de verano, Sanz ha mostrado su deseo de que el procedimiento judicial "finalice pronto" después de los años que ya lleva y ha insistido en que "cualquier decisión judicial en todos los ámbitos y tenga las consecuencias que tenga será respetada por parte del Gobierno". "No vamos a entrar a discutirlas, sean a favor o en contra porque respetamos al máximo las decisiones de los jueces", ha añadido el delegado del Gobierno en Andalucía.

En un auto fechado el día 26 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada abre esta pieza separada de los ERE contra un total de 25 personas, entre ellas la ex secretaria general de Empleo y la ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Carmen de Miguel García y Soledad Córdova Garrido, respectivamente.

Asimismo, y por las ayudas concedidas en el año 2003 a los trabajadores de diversas compañías mineras de la Faja Pirítica, la juez acuerda investigar a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; al exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, y a los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, además de a diez sindicalistas, cinco trabajadores incluidos como 'intrusos', un abogado y un mediador de seguros.