El sector andaluz de cuidados exige "financiación justa" que "garantice" la viabilidad ante la reducción de jornada

Cuidados, ayuda a domicilio.
Cuidados, ayuda a domicilio. - CECUA
Actualizado: lunes, 23 septiembre 2024 11:17

SEVILLA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones patronales del sector de la ayuda a domicilio de Andalucía han mostrado su "profunda preocupación" ante el debate de la reducción de la jornada laboral ante el que exigen una "financiación justa" que "garantice la viabilidad" del sector.

En esta línea, han advertido en un comunicado que los gobiernos "imponen cambios normativos, pero nunca vienen de la mano de la dotación financiera necesaria", al tiempo que han aclarado que "no estamos en contra de esta medida, pero sí estamos frontalmente, en que la misma se tome sin abordar la financiación que imperativamente debe acompañarla".

Las patronales han recordado que se trata de "un sector estratégico y esencial", que "ya se enfrenta al grave problema de una financiación aún insuficiente y a grandes retos en la gestión de sus profesionales por lo que es fundamental "encontrar equilibrios que den estabilidad y repercutan en la generación de empleos de calidad".

La reducción de jornada, al ser aprobada, "agravaría la maltrecha situación financiera del sector, al no cubrir de manera proporcionada el incremento de los costes reales que soportarán los prestadores de servicios", han alertado desde el sector andaluz de la ayuda a domicilio, para resaltar que "acarreará unos impactos devastadores tanto en el tejido empresarial y en los profesionales, así como en las personas mayores beneficiarias de esta prestación"

Las patronales de los cuidados han destacado que "el actual coste hora de referencia autonómico, publicado hace escasas semanas, y que representa en la mayoría de los casos la única fuente de financiación del servicio, no puede soportar en modo alguno esta medida de reducción de jornada", y en esta línea inciden en "los contratos administrativos a través de los cuales se lleva a cabo este servicio fundamental se ven lastrados por la ley de desindexación, que no permite la revisión de los precios durante la vigencia de los mismos".

Además, las organizaciones empresariales valoran que la jornada laboral de las profesionales es una "materia central" de la negociación colectiva por lo que entienden que esta decisión "invade competencias que son propias del ámbito de la negociación". En esta línea, han recordado que en el I Convenio del Servicio de Ayuda a Domicilio de Andalucía, firmado el pasado año, "ya se contempla una reducción progresiva de la jornada máxima anual a lo largo de sus cinco años de vigencia", por lo que la medida planteada ahora por el Gobierno, "además de suponer una intromisión en la negociación colectiva, echa por tierra todos los esfuerzos realizados por las patronales y sindicatos para conseguir que el sector cuente en Andalucía con un marco de estabilidad en el ámbito de las relaciones sociales y de certidumbre en los costes del servicio".

Las patronales de este sector instan a las autoridades competentes a "reconsiderar la aplicación unilateral de esta normativa y a respetar la negociación colectiva, que en el caso de la ayuda a domicilio ya cuenta con un acuerdo alcanzado por los agentes sociales y las patronales".

Antes de concluir, han destacado que esta medidas de llevarse a cabo, "tendrá consecuencias e impacto negativo en un sector infrafinanciado", por lo que tienden la mano para "establecer un marco de diálogo real y equitativo con todas las partes implicadas que permita encontrar soluciones que no comprometan la sostenibilidad del sector".

En otra línea las patronales valoran que el nuevo Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, por el que se regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar donde se recoge una disposición adicional decimotercera, relativa a los Servicios de Ayuda a Domicilio, "no soluciona problemas, sino que los crea".

Las empresas prestadoras de servicios han manifestado que es una medida que "genera inseguridad jurídica para entidades, profesionales, familias y personas usuarias, ya que no ha tenido en cuenta el conocimiento y experiencia de los actores del sector, ya que se mezcla la actividad de personas empleadas del hogar con los profesionales de la ayuda a domicilio".