La segunda pieza de los ERE también será juzgada por la Sala presidida por el exalto cargo de la Junta

SEVILLA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, presidida por el magistrado Pedro Izquierdo, que fue secretario general para la Justicia de la Junta entre 2008 y 2014, ha sido designada también para enjuiciar la segunda pieza de los ERE fraudulentos por la ayuda concedida a Surcolor y Surcolor Óptica.

Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que esta pieza de los ERE ha correspondido a la Sección Primera en virtud del turno específico de reparto establecido para las causas de especial complejidad, que son aquellas que superan los 3.000 folios --sin contar los anexos documentales-- o que tienen ocho o más intervinientes personados, sin incluir al Ministerio Fiscal.

Cabe recordar que la pieza 'política' de los ERE, en la que están acusados los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 23 exaltos cargos, también ha recaído para su enjuiciamiento en la Sección Primera, aunque en este caso se llevó a cabo un sorteo público entre las secciones Primera, Tercera y Cuarta tras las diversas suspicacias generadas entre los distintos sectores de jueces.

Este sorteo se produjo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aprobara "la propuesta formulada por el presidente de la Audiencia de Sevilla, con la unanimidad de los presidentes de las secciones penales, acerca de la puntual modificación del reparto de asuntos referidos a causas complejas en atención a las específicas y mayores circunstancias de volumen y especial complejidad" de la causa.

Según se indicó en su día, esta modificación "puntual" de la última propuesta de las normas de reparto sobre causas de especial complejidad en la Audiencia de Sevilla obedece, según recoge el acuerdo, "a las excepcionales circunstancias de especial complejidad y de singular trascendencia mediática que en dicha causa concurren".

Tras este sorteo público, se llevó a cabo otro sorteo interno en la Sección Primera para designar al ponente de la causa, que recayó en el propio Pedro Izquierdo, lo que ha motivado que las acusaciones ejercidas por PP-A y Manos Limpias hayan recusado al magistrado, una recusación que está siendo instruida por la magistrada de la Sección Cuarta Carmen Barrero.

SURCOLOR

La pieza separada de los ERE por la ayuda concedida a Surcolor y Surcolor Óptica, elevada a la Audiencia por la juez María Núñez Bolaños ayer jueves, se dirige contra 16 personas, entre ellas seis exaltos cargo de la Junta, como son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

Asimismo, esta pieza afecta al 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas, el presunto 'testaferro' Juan Francisco Algarín, los extrabajadores de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, un abogado, dos 'intrusos' --uno de ellos concuñado de Antonio Rivas--, los responsables de Surcolor Manuel Rafael Castilla Bustamante y Antonio Manuel Bustamante León, y un representante sindical.

La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de prevaricación, a su vez, en concurso medial con un delito de malversación, para Antonio Fernández, Agustín Barberá, Juan Lanzas y Juan Francisco Algarín.

El Ministerio Público pide además ocho años de prisión para Guerrero y Rivas; seis años de cárcel para Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y penas de entre cuatro y ocho años de cárcel para el resto de acusados.

LA JUNTA PIDE ABSOLVER AL EXCONSEJERO

De su lado, la acusación que ejerce el PP-A pide las mismas penas que la Fiscalía pero les suma dos años de cárcel por un delito de asociación ilícita, mientras que la Junta ha pedido la libre absolución de Antonio Fernández, Agustín Barberá, Juan Márquez, Daniel Alberto Rivera y el representante sindical José Hurtado.

Asimismo, la acusación que ejerce la Junta ha pedido penas para los otros 11 acusados, destacando los tres años y medio de cárcel y el pago de una multa de 255.478,37 que solicita para Guerrero por delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias, o los dos años y medio de prisión que reclama para Antonio Rivas y Juan Lanzas.