Serrano deja Vox tras la querella por presunto fraude en subvenciones para no manchar al partido y mantiene el acta

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Francisco Serrano, quien fuera candidato a la Junta por Vox en Andalucía en las últimas elecciones autonómicas del 2018 concurriendo por la provincia de Sevilla y hasta ahora presidente del Grupo Vox en el Parlamento andaluz, ha anunciado este miércoles que abandona el grupo parlamentario, aunque mantendrá el acta como diputado no adscrito, así como que se ha dado de baja del partido de Santiago Abascal, todo después de que la Fiscalía Superior de Andalucía haya formulado una querella contra él por presunto fraude de subvenciones.

   Serrano, en un escrito remitido a Europa Press, ha asegurado que toma estas decisiones "para evitar que la necesaria labor de regeneración que necesita Andalucía y que abandera Vox se vea manchada por las acusaciones de las que estoy siendo víctima".

   Por ello, ha solicitado su baja del grupo parlamentario y su inclusión en el grupo de no adscritos, así como ha solicitado su baja como afiliado de Vox para que no pueda ser usada su pertenencia política a esta formación "como arma contra el partido".

   Esta decisión llega después de que la Fiscalía Superior de Andalucía haya informado de que ha interpuesto una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra Serrano al atisbar indicios de un presunto delito de fraude de subvenciones con relación a la ayuda estatal recibida en 2016 por la sociedad limitada Bio Wood Niebla, dado el papel de dicho diputado autonómico y otrora candidato de Vox a la Presidencia de la Junta como socio de tal entidad.

   En el texto, Serrano explica que ha tomado estas decisiones ante la denuncia a la que tiene que hacer frente y con el convencimiento de su inocencia, toda vez que aclara que "en ningún momento" se ha apropiado personalmente "de un solo céntimo de dinero público y que, como no puede ser de otra forma, a lo largo del proceso de investigación que se inicia, resultará acreditada, sin lugar a dudas, mi inocencia".

   "Como firme defensor del Estado de Derecho considero que debemos facilitar el trabajo de la justicia libre de contaminaciones y soy consciente de que mi pertenencia a Vox daría lugar a la politización del proceso dañando tanto al partido, al que he dedicado tantos esfuerzos, como al mismo curso del proceso, generando, de forma interesada, un proceso mediático contra mí para debilitar al partido político al que hasta ahora pertenezco", agrega.

   Por eso, justifica que rompe relaciones con Vox "para evitar dañar" al partido y para centrarse en su defensa jurídica "de unas acusaciones que considero falsas".

   Con todo, asegura que a partir de este momento, desvinculado de Vox política y orgánicamente, seguirá defendiendo desde el Parlamento de Andalucía los principios que le llevaron a la política "y de los que no voy a renunciar en ningún momento, por muchas acusaciones que pretenda promover determinados sectores de la izquierda".

   "Del mismo modo, ejerceré cuantas acciones legales sean necesarias para demostrar mi inocencia", concluye el que fuera candidato a la Junta por Vox Andalucía.

   Serrano es el segundo diputado que accedió a la Cámara autonómica de la mano de Vox que ha decidido dejar el grupo parlamentario. Antes que él, Luz Belinda Rodríguez, que concurrió por la provincia de Almería, decidió a principios de año romper relaciones con el partido de Santiago Abascal y solicitó pasar a ser no adscrita tras interponer una denuncia ante la Policía Nacional contra sus compañeros y asegurar que ha sufrido "acoso laboral".

   La decisión de la Fiscalía Superior de Andalucía surge después de que la Fiscalía de Sevilla trasladase a dicha instancia las diligencias de investigación penal emprendidas respecto a este asunto  merced a la denuncia inicial promovida por Facua ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Sevilla.

   Y es que al ostentar Francisco Serrano la condición de diputado autonómico, goza de aforamiento y por ende el asunto corresponde a la Fiscalía Superior de Andalucía.