El servicio andaluz de Atención Temprana anuncia movilizaciones si la Junta no mejora las licitaciones ahora suspendidas

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía y la Asociación Patronal Andaluza de Atención Temprana (Apaat) han exigido este miércoles a la Consejería de Salud una mejora en las condiciones del concierto social que desde el Gobierno andaluz pretenden llevar a cabo con los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) al entender que "existe un desfase muy importante entre los costes actuales del servicio y lo que se oferta, manteniendo los precios de 2020 a pesar de las necesarias subidas de salarios y de la inflación acumulada en los últimos años y muy por debajo en comparación con los conciertos similares en otras comunidades autónomas".

"Si esto no se cumple", desde CCOO y Apaat, anuncian movilizaciones que empezarían con parones reivindicativos en los centros, campañas en redes sociales y prensa y otras medidas "más contundentes si fuese necesario". Los CAIT atienden a más de 32.000 menores de seis años, emplea a alrededor de 2.800 personas, hay 212 centros de los que 190 son centros privados concertados y 22 son centros municipales que tienen una delegación de competencias de la Consejería de Salud.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha suspendido las licitaciones y los plazos de presentación de ofertas para la prestación del servicio de Atención Temprana por parte de la Consejería de Salud y Consumo tras la solicitud de medidas cautelares presentada por la Asociación Patronal Andaluza de Atención Temprana. Ante esta resolución, la Consejería "garantiza" la Atención Temprana de los niños andaluces que requieren este servicio entretanto el Tribunal resuelve los recursos presentados en las distintas provincias andaluzas al concierto social correspondiente al primer semestre de 2025.

Los responsables de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Daniel Moreno Ponce y Ángela Jiménez Ramírez, y el gerente de Apaat, Gonzalo Caba Roldán, han coincidido en destacar que con la oferta lanzada desde la Consejería "resulta inviable para los centros prestar el servicio a los niños con la calidad y la atención que necesitan a la vez que supone una merma en las condiciones laborales del personal", según lo recogido por CCOO en una nota de prensa.

Sobre ello se ha pronunciado Ángela Jiménez, profesional del servicio de atención temprana, quien ha señalado que "el salario base actual es de 1.379 euros, lo que significa que hay diferencias superiores al 40% con profesionales de la misma categoría pero que pertenecen al SAS". Además, existen también "diferencias muy notables con otras comunidades autónomas que han mejorado las condiciones del personal".

En este sentido, tanto CCOO como Apaat han impugnado los pliegos del último concierto social publicado por la Consejería que regulará el servicio de Atención Temprana a partir de junio de 2025 al considerar que presenta una importante insuficiencia presupuestaria y vulnera los derechos de las personas trabajadoras por no incluir en los pliegos los derechos recogidos en el convenio colectivo de aplicación en el cálculo del precio publicado en la memoria del pliego. "Unas condiciones que ponen al borde del cierre a centros, del despido a centenares de profesionales de toda Andalucía y al colapso del sector en Andalucía", aseguran ambas partes.

Gonzalo Caba ha explicado que la Consejería "quiere pagarnos 28 euros por sesión hasta 2030, porque la concesión sería por 2 años prorrogables a otros 3, mientras que en otras comunidades se vienen pagando desde hace años precios como Vizcaya 48,51 euros por sesión, Baleares 42,37, La Rioja 48,28 o Cataluña 38,4". En este sentido, ha apuntado que Apaat ha encargado un estudio que estima que el precio de mercado no debe ser inferior a los 37,97 euros por sesión.

Es por ello que han exigido al Gobierno andaluz "más diálogo" y que se constituya una mesa sectorial de negociación donde estén representados la patronal y los sindicatos y en la que todas las partes implicadas acuerden las mejoras que el servicio necesita, empezando por modificar el concierto social actualmente suspendido cautelarmente por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. "Una mesa en la que se acuerde un modelo de atención y de financiación que asegure un servicio de calidad que sea suficiente para atender a todas los niños que lo necesiten y un sistema con unas condiciones laborales y salariales dignas para sus profesionales y con viabilidad económica para las entidades que prestan el servicio".