El Profea sube un 3% para contratar a 3.337 trabajadores más y 51.192 jornales adicionales

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Regional de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (Profea) ha aprobado este jueves por unanimidad, en una reunión presidida por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, la distribución provincial de los fondos del Profea, que este año ascienden a 152,14 millones de euros, tras la revalorización del tres por ciento contemplada en los Presupuestos Generales del Estado aprobados recientemente.

Este incremento en la dotación de los fondos va a permitir ampliar la subvención del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para mano de obra en 4,4 millones de euros, con la contratación de 3.337 trabajadores más en Andalucía, y la generación de 51.192 jornales más que en años anteriores.

De esta forma, como ha precisado el delegado, la subvención del SEPE para mano de obra asciende este año a un total de 152,14 millones de euros, frente a los 147,7 millones de euros de 2016, que permitirán en su conjunto la contratación de 107.249 trabajadores y la generación de 1.965.827 jornales en actuaciones de las que se beneficiará el 98 por ciento de los municipios andaluces.

El delegado del Gobierno ha agradecido "el esfuerzo" del Gobierno de Rajoy y la iniciativa de la ministra de Empleo, Fátima Bañez, que "vuelve a mostrar una especial sensibilidad con los municipios andaluces y los trabajadores del campo".

Sanz ha defendido la importancia "crucial" del Profea tanto para los municipios andaluces como para los trabajadores que dependen del empleo agrario y de las obras que se proyectan a través de este plan durante la época de cese de la actividad en el campo.

REPARTO PROVINCIAL

En la reunión de la Comisión Regional, celebrada en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía, y en la que han participado representantes de las administraciones central, autonómica y local, así como de sindicatos y organizaciones agrarias, se ha dado el visto bueno al reparto por provincias de los fondos destinados a subvencionar en 2017 la contratación por los ayuntamientos de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, en obras de interés general y social.

Almería recibirá en total 8,7 millones, Cádiz, 16 millones; Córdoba, 23,3 millones; Granada, 20,6 millones; Huelva, 12,6 millones; Jaén, 19,4 millones; Málaga, 16,9 millones, y Sevilla, 34,3 millones.

Igualmente, la comisión regional ha aprobado que sean las comisiones provinciales las que decidan si el incremento del tres por ciento de los fondos se aplica al Plan de Garantían de Rentas, al Plan Generador de Empleo Estable o si se reparte entre ambos planes.

El Plan de Garantían de Rentas otorga ayudas directamente a los municipios, teniendo como criterio de reparto la variable de demanda/oferta. Su finalidad es contratar a desempleados agrícolas en proyectos de interés social y general, conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental, así como proyectos para mejorar las infraestructuras urbanas de los pueblos.

Por otro lado, en el Plan Generador de Empleo Estable, la aprobación de los proyectos presentados por los municipios está vinculada al número de empleos estables que se contemplen y a que propicien la inserción laboral de los trabajadores en actividades emergentes del sector agrario. Estas ayudas están destinadas a proyectos de desarrollo agroforestal y medioambiental, así como a actividades económicas afectadas por la crisis.

Según los datos facilitados por el delegado, los fondos distribuidos en 2016, un total de 147,7 millones de euros, propiciaron la puesta en marcha de 1.889, 103.912 trabajadores contratados y la generación de 1.914.635 jornales.

BALANCE DE LA LEGISLATURA

Sanz ha precisado que, entre 2012 y 2016 llegaron a Andalucía 738,5 millones de euros para subvencionar, en el 98 por ciento de los municipios, proyectos que difícilmente se hubieran podido acometer sin estas ayudas, lo que "sitúa su grado de importancia para el conjunto de los ayuntamientos y entidades locales andaluzas".

Estos fondos contribuyeron a "poner en marcha un total de 9.188 proyectos que generaron 523.271 puestos de trabajo y más de 9 millones de jornales".

Los datos, según ha explicado el delegado, revelan "la apuesta del Gobierno de Mariano Rajoy por el campo andaluz, que desde 2012, y pese a la crisis económica y las políticas de ajustes, ha mantenido las cuantías destinadas a superar el desempleo agrario".

Sanz también ha pedido que "se mantenga el espíritu de consenso y lealtad entre administraciones" que siempre ha presidido el desarrollo de este plan, al tiempo que ha defendido "el gran trabajo y la buena coordinación que debe reinar entre todas las administraciones implicadas en el desarrollo del Profea", pues "el entendimiento permite la mejora paulatina en la gestión de los fondos, la optimización de su rendimiento y su utilidad social".

Además, ha señalado que estos fondos permiten subvencionar la contratación de trabajadores desempleados "para obras de interés general y social que difícilmente se harían sin los mismos", lo que los convierte, por tanto, en "ayudas estratégicas para un sector tan importante en Andalucía como el agrario".

TRES MESES MÁS PARA LAS OBRAS

Por otro lado, el delegado ha recordado la ampliación con carácter extraordinario, en tres meses más, hasta el 31 de septiembre, del plazo de realización de obras y servicios de interés general y social del Profea, que refleja, "una vez más", "la sensibilidad del Gobierno con los trabajadores y los pueblos del campo andaluz"

Según ha explicado Sanz, con la orden de ampliación, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 8 de junio (Orden ESS/516/2017, de 5 de junio), los fondos del Programa podrán ser ejecutados en su totalidad y "los trabajadores no se verán perjudicados" por la paralización o retrasos que hayan podido producirse en el desarrollo de los proyectos a causa de las intensas lluvias de esta primavera.

De esta forma, el Gobierno quiere "garantizar que se cumplen las previsiones de contratación de los trabajadores desempleados que participan en las obras, con el objetivo de que no disminuyan sus posibilidades de acceder a las prestaciones o subsidios por desempleo, y a la renta agraria".