Sumar urge al Gobierno desde el Congreso una "moratoria" a la creación de nuevas universidades privadas hasta 2028

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) relativa a la creación, reconocimiento y control de universidades privadas, para su debate y aprobación en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, con la que, de entrada, quiere instar al Gobierno de España a "impulsar de forma inmediata, junto a las comunidades autónomas competentes, una moratoria en la creación de nuevas universidades privadas hasta 2028, coincidiendo con el plazo de plena implantación de la LOSU", la Ley Orgánica del Sistema Universitario.

Se trata de la primera reivindicación recogida en esta iniciativa que aún está pendiente de debatirse en la citada comisión del Congreso de los Diputados, consultada por Europa Press y que lleva la firma, entre otros, del diputado por Sevilla Francisco Sierra, que es el portavoz de Universidades de Sumar.

En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa se señala que en España se ha registrado en "las dos últimas décadas" un "crecimiento desmesurado de las universidades privadas sin un crecimiento de población o la demanda real efectiva, dando lugar a un desequilibrio y dinámicas de desarrollo que socavan el principio universal de la educación de calidad".

Desde la premisa de que "el aumento de universidades privadas se ha visto favorecido especialmente por gobiernos autonómicos del PP", la iniciativa de Sumar alude expresamente al caso de Andalucía como un "buen ejemplo" de ello, y critica que una de las universidades de nueva creación, la Universidad Tecnológica del Atlántico-Mediterráneo (Utamed), se ha autorizado "a pesar de tener informes en contra del Consejo de Política Universitaria, y de las propias agencias de acreditación, por no cumplir los requisitos mínimos de calidad que establece la legislación".

En esa línea, y en declaraciones a Europa Press, Francisco Sierra ha indicado que desde Sumar observan "preocupados el ataque de la derecha a la universidad, sea con medidas que coartan la libertad de cátedra y de expresión, como en la Comunidad de Madrid, o restringiendo la financiación de las universidades públicas".

RECLAMACIONES DE SUMAR AL GOBIERNO

"Por ello emplazamos desde el Grupo Plurinacional de Sumar en el Congreso al Gobierno que tome tres medidas básicas", ha continuado explicando el que fuera cabeza de lista de Sumar al Congreso por Sevilla en las elecciones del pasado 23 de julio, que ha incidido en que entre dichas medidas figuraría "una moratoria para evitar fraude de ley" como, en su opinión, ha hecho el Gobierno de la Junta de Andalucía, del PP-A, "aprobando universidades que no cumplen la LOSU, y que tienen informes desfavorables de las agencias acreditadoras".

En concreto, Sumar plantea en su PNL que el Gobierno modifique el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios "en el sentido de que, para la creación de nuevas universidades, resulte vinculante el informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria previsto en el artículo 3 y, previamente, se requiera un informe preceptivo vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la agencia de evaluación de la Comunidad Autónoma correspondiente, inscrita en el Registro Europeo de Agencias de Calidad (EQAR)".

Además, Sumar quiere que "durante la moratoria" solicitada, "y en el marco de la planificación general de la enseñanza universitaria", se establezca "un mapa estatal de titulaciones, necesidades y desequilibrios de la oferta formativa universitaria y las carencias del sistema público para garantizar el derecho universal a la educación pública y gratuita a partir de una planificación por parte de las administraciones competentes de la oferta de plazas universitarias públicas, acorde con las necesidades sociales y no sólo en función de la demanda voluble y temporal del mercado".

"Hay que recordar que la educación es un derecho constitucional, que la universidad es un factor de movilidad social y de igualdad importante, y que la actividad de la educación superior es un sector estratégico para el desarrollo nacional", ha subrayado al respecto Francisco Sierra, que ha defendido que "lo que estamos viendo en Madrid, Andalucía, o antes en Valencia, es negar el derecho de acceso, atacar el principio de equidad y poner en peligro el futuro del país siguiendo modelos fallidos como el de Estados Unidos, en franco declive, o Chile", y "España ha de mirar a países como Finlandia, Suecia o Francia, con sistemas públicos robustos".

"FISCALIZACIÓN" DEL MINISTERIO

Desde Sumar también reclaman "una fiscalización del Ministerio para que aquellos centros que no cumplen los estándares de calidad no puedan seguir operando", y, por último, consideran "vital" que "el Estado y las comunidades autónomas planifiquen con racionalidad, elaborando un mapa de titulaciones que dé respuesta a las necesidades y demandas y evite duplicidades de titulaciones o, como es el caso, la transferencia de recursos y alumnado de la publica a la privada".

Francisco Sierra considera que, "en el fondo, la estrategia neoliberal del PP es, como en la sanidad pública, una política de socialización de las pérdidas y privatización de los beneficios, deteriorando el sistema público para favorecer el negocio en favor de unos pocos, como en Andalucía con el gobierno de (Juanma) Moreno Bonilla, cuya política solo responde a un grupo restringido de amigos, de consejeros y grupos económicos que crean una oferta de pésima calidad a medida", ha criticado.

Frente a ello, ha subrayado que desde Sumar defienden "una política de Estado que garantice el acceso a la educación superior de todos los ciudadanos, con independencia de los niveles de renta", y "una universidad pública, universal, de calidad y gratuita que contribuya al avance del conocimiento y el bienestar social".

"La aprobación irregular de centros de dudosa calidad incumpliendo las normas, procedimientos y garantías que establece la LOSU es un fraude a la ciudadanía y a los estudiantes que se matriculan en dichos centros", ha subrayado el portavoz de Universidades de Sumar, grupo que, según ha incidido, exige que el Gobierno "tome medidas para evitar esta deriva privatista".

Finalmente, desde Sumar consideran que, a la vez, "es preciso fortalecer las universidades públicas y estudiar las necesidades del desarrollo impulsando el liderazgo del sistema público", y al respecto Francisco Sierra ha concluido sentenciando que "no es asumible que en apenas diez años la oferta de plazas privadas casi iguala a la de las universidades públicas mientras estas sufren un franco deterioro por una desigual aplicación de las normas de fiscalización, evaluación y controles públicos".