Susana Díaz destaca que en torno al 75% de los contratos de la Junta en 2017 están sometidos a cláusulas sociales

Maíllo acusa a Susana Díaz de actuar "más como empresaria que como presidenta de la Junta"

SEVILLA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha destacado este miércoles que "entre el 70 y el 75 por ciento de los recursos públicos que se han contratado" por parte de la Administración autonómica a lo largo de este año 2017 "están sometidos a cláusulas sociales" y medioambientales.

Así, ha detallado que en lo que va de año 2017 "se han adjudicado 4.391 contratos con cláusulas sociales y medioambientales obligatorias, lo que supone aproximadamente el 70-75 por ciento del volumen de recursos que se destina a la contratación" por parte de la Junta, a lo que hay que sumar "más de 1.148 contratos que incluyen cláusulas" de este tipo "aunque no tengan obligación de llevarlas".

Son datos que la presidenta ha desgranado al responder a una pregunta que en la sesión de control al Gobierno andaluz, en el Pleno del Parlamento, le ha formulado el portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, quien se ha interesado por el grado de cumplimiento, por parte de la Junta, de la inclusión de dichas cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Administración autonómica.

La presidenta ha realizado un "balance positivo" en relación a este asunto, y ha explicado que se está elaborando un informe que se hará público "este mes de diciembre sobre cuál es el impacto de esas cláusulas sociales", que, en todo caso, según ha incidido, "están jugando un papel ejemplar dentro de la política útil que defendemos por parte del Gobierno" de la Junta.

Son cláusulas, según ha agregado, que están "obligando a respetar los convenios sectoriales, a subrogar a trabajadores en las mismas condiciones laborales, a cumplir la legislación medioambiental y vigilando situaciones que en otros momentos hemos lamentado, como mantener durante dos meses consecutivos el no pagar salarios, cosa que ahora no sería posible con estas cláusulas", según ha afirmado Susana Díaz, quien, de esta manera, ha considerado que dichas cláusulas son "una de las medidas positivas que enmarcan el ejercicio de la contratación pública en 2017".

El coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA ha replicado que "la mejor forma de evaluar la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación del sector público tiene mucho que ver con la comisión de seguimiento" de este asunto, y al respecto ha preguntado "para cuándo" se va a reunir dicho órgano "para escuchar la valoración de los firmantes".

Además, ha manifestado que "si hay voluntad de algunos de los agentes que lo firmaron o en el propio Gobierno de cambiar las condiciones, lo mejor es seguir el cauce determinado y no ir por la puerta de atrás", y al respecto ha cuestionado a la presidenta "qué voluntad tiene de modificar ese acuerdo colectivo".

Tras recordar que el objetivo de las cláusulas sociales era "velar por los derechos laborales, la protección medioambiental y la protección de colectivos más vulnerables para la inserción laboral", el representante de IU ha reprochado al Gobierno andaluz no haber realizado "modificación en los pliegos vigentes para incorporar determinadas cláusulas sociales con la ampliación de contratos", o no haber incorporado algunas de ellas "a los pliegos de común acuerdo con los sindicatos".

Maíllo ha citado casos concretos como el de la empresa de transportes La Sepulvedana, a la que en 2016 se le concedió por parte de la Junta la línea Jaén-Córdoba "con una oferta de bajada de tarifa pese a un aumento de medio millón de kilómetros más y, a pesar de que en un año de concesión" ha habido "15 sanciones y una huelga de trabajadores, no se ha rescindido ese contrato".

También ha puesto como ejemplo de actuación con la que criticar a la Junta "el caso de Endesa", empresa "a la que se sanciona en marzo de 2017 con 400.000 euros por cláusulas abusivas a clientes andaluces" y, pese a ello, "se le prorroga el contrato de suministro eléctrico en edificios de la Consejería de Fomento y Vivienda en julio de este año", cuando ya "está vigente la guía" de las cláusulas sociales.

"PRECARIEDAD" EN EL SERVICIO PÚBLICO EN ANDALUCÍA

Maíllo ha indicado que hay "precariedad" en el servicio público en Andalucía, y ha subrayado que la Administración autonómica es "la empresa que genera más contratos" en la comunidad autónoma, pero quien la dirige, Susana Díaz, "actúa más como una empresaria que como una presidenta de la Junta que dice oponerse a las reformas laborales", según ha criticado el dirigente de la federación de izquierdas, que ha hablado de un "marco normativo que garantiza la precariedad en los contratos del sector privado y en los que hace la Junta con sectores privados".

Susana Díaz ha respondido a Maíllo mostrando su extrañeza por que "demonice a los empresarios en Andalucía, porque también han firmado" el acuerdo para las cláusulas" sociales, cuya comisión de seguimiento, según ha abundado, "se ha reunido tres veces este año", y el informe sobre el impacto de estas cláusulas "se está elaborando y se hará público" este mes.

La presidenta también ha argumentado que "no se puede intervenir sobre un contrato que está en vigor o rescindirlo", de forma que "habrá que esperar a que finalice y, una vez que finalice y vuelva a salir a concurso, tendrá que someterse a esas condiciones".

Susana Díaz ha remarcado también en respuesta a Maíllo que las "bajas temerarias están prohibidas", y ha indicado que "la nueva Ley de Contratos entrará en vigor en abril, y será una garantía añadida", según ha opinado, para concluir incidiendo en que "las cláusulas sociales en Andalucía son una realidad" y "están marcando una nueva manera de contratar, dotando al conjunto de la autonomía de un instrumento positivo que marca un camino".