El TC resolverá la próxima semana elevar al Pleno los recursos de Griñán, Chaves y otros condenados por los ERE

MADRID/SEVILLA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) celebrará la próxima semana un Pleno en el que resolverá elevar los recursos presentados por los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros condenados por el 'caso ERE', para que sea el Pleno de la corte de garantías quien asuma su estudio.

La Sala Segunda del TC acordó la semana pasada admitir los recursos de los ERE --entre los que figuran los de la exministra socialista Magdalena Álvarez, así como de Miguel Ángel Serrano, Juan Márquez, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez, Carmen Martínez, Gaspar Zarrías, Antonio Vicente Lozano y José Antonio Vera--, al considerar que en estos momentos "no se puede descartar la verosimilitud de las vulneraciones de derechos fundamentales alegadas".

Señaló además que "el asunto trasciende del caso concreto, debido a que plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y que tiene unas consecuencias políticas generales".

Por otro lado, según ha informado este miércoles el propio TC, en dicho Pleno previsto para la próxima semana el tribunal estudiará si admite a trámite los recursos de Vox y PP contra la nueva ley del aborto y la conocida como 'ley trans', respectivamente, al tiempo que resolverá las impugnaciones de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ordenó demoler la 'Isla de Valdecañas', el complejo urbanístico ubicado en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, en Cáceres.

Los magistrados analizarán la admisibilidad del recurso de Vox contra la nueva Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

La nueva ley, del pasado febrero, supuso devolver a las menores de 16 y 17 años el derecho al aborto sin necesidad de contar con permiso paterno, aspecto sobre el que el TC no se pronunció al resolver el recurso 'popular' contra la ley del aborto de 2010, porque el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió ese artículo en 2015.

Fue el pasado mes de mayo cuando la corte de garantías resolvió dicho recurso, uno de los más antiguos, rechazando las tesis del PP y consagrando la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho de la mujer a decidir "sin coerción".

Los magistrados también decidirán si dan entrada al recurso del PP contra la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas Lgtbi. Cabe recordar que en mayo ya admitieron a trámite el recurso de Vox contra esta misma norma.

Entre los asuntos en trámite de admisibilidad se encuentra igualmente el planteado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra el inciso de la Ley de Financiación de Partidos Políticos que establece que las sanciones por superar en un 10% o más los límites de gastos electorales no podrán ser inferiores a 25.000 euros.

LA 'ISLA DE VALDECAÑAS'

Por otro lado, el TC se pronunciará sobre el fondo de los recursos presentados por la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, y la comunidad de propietarios del complejo norte, centro y sur de la 'Isla de Valdecañas'.

Las impugnaciones se dirigen contra la sentencia del Supremo que dio la razón a Ecologistas en Acción-CODA ordenando demoler el complejo urbanístico en su totalidad.

En 2011, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura anuló la decisión aprobatoria del proyecto adoptada por la Junta y ordenó devolver los terrenos a la situación anterior a la aprobación del mismo.

El Supremo confirmó estas resoluciones tres años después, pero en 2021, una vez abierto el trámite, el TSJ extremeño declaró la imposibilidad de ejecutarlas, acordando hacerlo solo de forma parcial, lo que implicaba demoler lo no terminado y conservar el hotel, las viviendas, el campo de golf y otras instalaciones ya construidas.

El alto tribunal, estimando el recurso de la ONG ecologista, ordenó derruir también lo ya construido, siendo esta última resolución la que ahora combaten en el TC la Junta, los ayuntamientos y la comunidad de propietarios.