Testifican Cristóbal Cantos y un jefe del área de Análisis por el préstamo de Invercaria a la empresa Lolita Canalla

La Audiencia desestima el recurso de Pérez-Sauquillo contra la inadmisión de su querella contra Cristóbal Cantos

SEVILLA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha comenzado este jueves la fase de pruebas testificales del juicio correspondiente a la pieza de la macrocausa de las irregularidades detectadas en la empresa de capital de riesgo Invercaria, adscrita a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), por el préstamo de 100.000 euros concedido por la misma a la sociedad gaditana Lolita Canalla.

El juicio se dirige contra el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, ya condenado a tres años y medio de cárcel por el préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis, a dos años y tres meses de prisión por los gastos de personal de la citada entidad y a tres años y un día de cárcel y seis años y un día de inhabilitación absoluta por el préstamo participativo de 300.000 euros concedido a la empresa jiennense Fumapa.

Para él, el Ministerio Público reclama seis años de prisión y diez de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos y otros diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, con relación al préstamo de 100.000 euros otorgado por Invercaria a la sociedad Lolita Canalla.

Asimismo, y a cuenta de estos mismos delitos, la Fiscalía reclama dos años y medio de cárcel y once años de inhabilitación para la que fuera administradora de la citada empresa, María Malo, y para su jefe de publicidad y comunicación, Ignacio Jarillo, que fue la persona encargada de las gestiones y conversaciones con Invercaria para la consecución del préstamo y quien se encargó de elaborar la documentación que se entregó a la sociedad y de mantener las reuniones con sus responsables.

LA RELACIÓN DE JARILLO CON EL PRESIDENTE DE INVERCARIA

Según la Fiscalía, en 2009 la empresa Lolita Canalla estaba "en causa legal de disolución" a la fecha de solicitar el préstamo y de iniciar los contactos con Invercaria, siendo "decisiva la relación de amistad y vecindad" que mantenía Ignacio Jarillo con Pérez-Sauquillo.

La operación, según la Fiscalía, no fue aprobada o informada siquiera por los departamentos de Invercaria, como el comité de dirección e inversiones, tratándose de una "decisión" propia de Pérez-Sauquillo.

En ese contexto, el primer testigo en comparecer ha sido el que fuera director de Promoción de Invercaria Cristóbal Cantos, acusado en otras piezas relativas a la gestión de la entidad, quien según la Fiscalía no consideró "apto para una inversión" el proyecto de financiación solicitado para Lolita Canalla.

En ese sentido, Cristóbal Cantos ha ratificado que le fue encomendado un "análisis" del proyecto de inversión en esta entidad, pero finalmente, por la falta de documentación, consideró que la empresa y la propuesta no cumplían los requisitos necesarios para decidir sobre la inversión y desaconsejó invertir en la misma. Habría sido más tarde y a través de terceras personas, en ese sentido, cuando supo que Invercaria habría materializado finalmente la inversión.

IMPAGO DE LAS CUOTAS

Según la Fiscalía, Lolita Canalla no habría pagado ninguna de las cuotas del préstamo, ante lo cual Invercaria instó la reclamación del capital e intereses ante los juzgados de Algeciras (Cádiz).

También ha prestado declaración como testigo, entre otros, Manuel Rodríguez, jefe del departamento de Promoción de Invercaria, quien se habría desligado del análisis de esta propuesta de inversión, asegurando que fue Cantos quien se encargó de tal aspecto.

Además, durante la sesión, el fiscal del caso habría revelado que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha desestimado mediante un auto del pasado lunes, el recurso de Pérez-Sauquillo, contra la inadmisión inicial de la querella presentada en 2019 por el mismo contra Cristóbal Cantos, acusándole de falso testimonio y estafa procesal bajo la premisa de que Cantos, como responsable de Invercaria, habría podido "cambiar, ocultar o extraviar" documentación de las inversiones, entre otros aspectos.

Y es que el día previo, la defensa del expresidente de Invercaria habría esgrimido que dicha querella estaba pendiente del recurso de apelación interpuesto contra la decisión inicial del Juzgado de Instrucción número 12.