Un total de 25 grafiteros han sido puestos a disposición judicial en Granada por daños contra el patrimonio

GRANADA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Granada ha puesto a disposición judicial en calidad de investigados a 25 grafiteros por un delito de daños contra el patrimonio desde que se pusiera en marcha la sección especializada que vela por atajar la problemática de las pintadas en la ciudad.

Estas personas realizaron grafitis en enclaves protegidos con la máxima protección --declarados Bien de Interés Cultural (BIC) o patrimonio histórico artístico-- como la muralla zirí, la Real Chancillería, el Hospital Real o la Catedral, lo que supone una infracción tipificada en el Código Penal y en ocasiones también ha conllevado su detención, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Local.

Desde 2014 han sido identificadas cerca medio centenar de personas que fueron sorprendidas realizando pintadas, contra los que se abrieron diferentes procedimientos en función del lugar afectado o la reincidencia; esto es, denuncias administrativas en solitario o acompañadas de procesos judiciales.

La ordenanza municipal de la convivencia es bastante restrictiva con las pintadas que se realizan en el transporte público o las fachadas de los edificios institucionales, lo que se considera una infracción grave con sanciones que oscilan entre los 751 euros y los 1.500.

No obstante, dañar un bien catalogado, como podría ser un Bien de Interés Cultural (BIC), está tipificado como una infracción muy grave multada con una sanción de entre 1.500 y 3.000 euros. Además, supone un delito, lo que lleva aparejado la puesta a disposición judicial del autor de la pintada.

En lo que va de año, tres personas han tenido que declarar ante el juez en Granada por estos agresiones graves contra el patrimonio. Las mismas fuentes explican que la mayoría de las pintadas que se realicen en el Albaicín, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, suponen un delito contra el patrimonio, dado que los edificios BIC tienen una servidumbre de 200 metros, de modo que prácticamente todo el barrio está protegido.

La Policía Local realiza una labor investigadora de los diferentes grafitis que existen en la ciudad, a fin de localizar aquellos que tienen una grafía similar y que por tanto hayan sido realizados por la misma persona.

Ha creado para ello una base de datos que cuenta en la actualidad con 241 registros fotográficos y a ella acuden los agentes cada vez que se identifica a un grafitero para averiguar si ha realizado otras pintadas con anterioridad que le puedan ser imputadas. Los agentes cuentan con la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía --el grupo de Policía Científica-- para realizar las periciales caligráficas sobre distintas muestras, de modo que la actuación sea admitida por un juez llegado el momento, lo que ya se ha realizado con éxito.