GRANADA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia que condena al Ayuntamiento de Santa Fe (Granada) a abonar 169.074 euros al propietario de Grúas Taboada, que prestó el servicio de grúa y retirada de vehículos en el municipio entre 2008 y 2010 y protagonizó varios actos de protesta junto a su mujer para reclamar el pago de las facturas adeudadas ante el riesgo de perder su casa.
En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA desestima los recursos que tanto el Ayuntamiento de Santa Fe como el empresario, que reclamaba más de 200.000 euros, presentaron contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Granada. En ella se consideró acreditada la prestación del servicio, incluso después de que expirara el contrato, y reconoció el derecho de Grúas Taboada a cobrar las facturas presentadas al efecto.
El TSJA expone que la empresa suscribió un contrato con el Ayuntamiento de Santa Fe en 2008 con una duración improrrogable de un año. Una vez extinguido, Grúas Taboada siguió prestando el servicio "con perfecto conocimiento" del consistorio según se desprende del informe del interventor en el que se exponía que la entidad seguía desarrollando la actividad sin "haberse formalizado ningún otro contrato".
Agrega la sentencia que al revisar también el interventor las facturas que presentó la entidad advirtió un error por importe de 3.647 euros, reconociendo "indirectamente la procedencia del abono" del dinero, a lo que suma otros informes de la Secretaría General del Ayuntamiento en los que se acredita la prestación de los servicios de grúa y la idoneidad de abonarlos.
Alberto Taboada y su esposa, Esperanza Iglesias, comenzaron a reclamar en septiembre de 2012 al Ayuntamiento de Santa Fe (Granada) el pago de una deuda de unos 258.000 euros para no perder su casa, llegando a protagonizar varios actos de protesta como encerrarse o encadenarse en el consistorio.
El cabeza de familia llegó a subirse en el tejado del edificio municipal bajo la amenaza de tirarse al vació si no le pagaban lo que reclamaba, después de que el Ayuntamiento ya hubiera reconocido las facturas.