GRANADA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El sindicato UGT, que ejerce la acción popular por el juicio por el accidente del viaducto de la A-7 que se desplomó en Almuñécar (Granada) el 7 de noviembre de 2005, ha valorado "positivamente" este lunes el desarrollo de las distintas sesiones de la vista oral, aunque considerando que los máximos responsables del siniestro no han sido enjuiciados porque su imputación no fue admitida por la juez sustituta que instruyó parte de la causa ni por la Audiencia Provincial.
Según ha recordado en rueda de prensa el secretario general de la Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT Granada, Francisco Ruiz Ruano, el sindicato pidió la imputación de las empresas Norcontrol y Proes Consultores, que fueron las encargadas de la declaración de conformidad de la cimbra que se desplomó, y que, para el sindicato, son "aquellos sobre los que debería de haber recaído la máxima responsabilidad penal".
Respecto a las peticiones de pena formuladas por el sindicato, Ruiz Ruano ha justificado el mantenimiento de la acusación contra los representantes de las empresas Estructuras y Montajes de Prefabricados S.A. (EMP) y Puentes y Calzadas Empresa Constructora S.A. (PYC), ya que, según la normativa vigente, corresponde al empresario la evaluación de los riesgos y la planificación de la acción preventiva, con la consiguiente facilitación a los trabajadores de equipos de trabajo y de medios de protección individual adecuados para el cumplimiento de sus funciones.
Por su parte, la secretaria general de UGT Granada, Manuela Martínez, ha valorado en general "de forma positiva" el desarrollo del juicio por el accidente laboral, ya que, en su opinión, ha dado respuesta a las tres aspiraciones que el sindicato planteó desde el comienzo de este procedimiento judicial. En concreto respecto a las causas del accidente, las dos hipótesis barajadas por los peritos han sido el fallo en las soldaduras y el fallo en las uniones atornilladas, coincidiendo "plenamente" con la postura que desde UGT se mantuvo desde el inicio de la instrucción de este proceso, ha afirmado.
Asimismo, Martínez ha señalado que una de las reivindicaciones más importantes del sindicato era la de adoptar medidas que evitaran un siniestro de similares características y ha indicado que durante el juicio ha quedado acreditado que no existían normas en España anteriores al accidente y que, a raíz del mismo, Fomento impuso una nueva normativa para evitar el colapso de cimbras.
