UGT-A dice que no existe pronunciamiento judicial que determine que haya defraudado cantidad alguna en ayudas públicas

SEVILLA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT-A ha asegurado este miércoles que "no existe pronunciamiento judicial que determine" que el sindicato "ha defraudado cantidad alguna en ayudas públicas", todo ello después de conocerse que el perito designado para cuantificar el posible fraude en las subvenciones recibidas de la Junta entre los años 2009 y 2013 está analizando si se ha cometido delito en 15 expedientes por valor de 100 millones de euros.

En un comunicado de prensa, UGT-A señala que el documento pericial elevado al Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla "hace referencia a los expedientes que van a ser objeto de la pericia, sin que ello pueda entenderse como cuantificación de fraude alguno, que como organización sindical, reiteramos su inexistencia".

En este sentido, añade que, tras tres años y medio de investigación, "en los que se han producido intervenciones telefónicas, detenciones, a nuestro parecer carentes de fundamento, y diversos registros, nos encontramos con que gran parte de la documentación existente en las dependencias del Juzgado no merecen consideración a efectos de dicha pericial, acordada en el mes de marzo de 2015".

"NO EXISTE 'CASO UGT'"

Para finalizar, aclara que "no existe 'caso UGT', ya que esta organización no está imputada en ninguna causa", por todo lo cual traslada su protesta "ante la tergiversación de los datos publicados, provenientes de un documento incorporado en un procedimiento judicial en el que esta organización, a día de hoy, no es parte".

En un informe entregado el 3 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, el perito informa al juez instructor del estado de la pericial para la que fue nombrado, y que consiste en "la cuantificación del posible fraude en subvenciones de UGT-A por las subvenciones recibidas de la Dirección General de Formación para el Empleo de la Junta para el periodo 2009-2013".

Al hilo de ello, el perito explica que son 32 los expedientes que abarcan el periodo mencionado, de los que serían objeto de la pericial "con seguridad" un total de 16, mientras que otros 15 "no lo serían por ser las cuantías de las subvenciones concedidas y los gastos objeto de la investigación insuficientes para que con respecto a esos expedientes se hubiera podido cometer fraude en subvenciones, de conformidad con el Código Penal".

En este sentido, precisa que estos 15 expedientes englobarían ayudas de entre 80.000 y 152.411,46 euros, mientras que los expedientes que "sí serían objeto de análisis" incluyen ayudas de entre 437.304 y 16.501.799,05 euros, existiendo otro expediente del que "se desconocen datos todavía y, por tanto, no se puede determinar si serán objeto de la pericial, aunque tratándose de una subvención nominativa, y a la vista de las otras subvenciones nominativas que se investigan en la causa y sus cuantías, cabe la posibilidad de que sí lo sea finalmente".

El perito añade que, "del largo proceso de aportación de documentación" en esta investigación, "la más necesaria, en principio, para poder afrontar el trabajo encomendado era y es la de tener a disposición los expedientes de subvenciones completos, ya que, teniéndolos", se podría concretar "la cuenta justificativa de la actividad subvencionada que forma parte esencial de la obligación que tiene el beneficiario de justificación de la subvención de conformidad con la normativa reguladora".

Además, la cuenta justificativa "permite identificar qué gastos imputados a cada expedientes podrían ser de los sujetos a investigación con independencia de si en la documentación obrante en las diligencias previas están o no las facturas, ya que en la cuenta deben aparecer los datos suficientes que permiten identificarlas", a lo que se suma que "permite identificar a los terceros con los que el beneficiario ha mantenido relaciones comerciales con gastos sujetos a investigación" y "podría permitir su posible cuantificación".

'BOTE' Y 'RAPEL'

El perito añade que, de entre los tres tipos de gastos investigados y que son objeto de la pericial, los gastos de alquiler de aulas para los cursos y de equipos necesarios para su impartición, todos ellos facturados por Soralpe I+D S.L., "son los de más fácil cuantificación contando con las cuentas justificativas", ya que se trata de un gasto que, "con la imputación a la subvención correspondiente, reflejada en la cuenta justificativa, y la factura, permite concretar el objeto de la pericial encomendada".

"Si bien es cierto que la justificación de cualquier subvención requiere además la acreditación del pago material y su contabilidad, la falta de estos datos no haría sino ir en la dirección de lo solicitado en la pericial", pone de manifiesto, agregando que con los otros tipos de gastos que constituyen el origen del trabajo, como es el 'rapel' y el denominado 'bote', "se plantean más dificultades específicas, dado que, las cuentas justificativas son insuficientes para la cuantificación de un posible fraude en subvenciones".

En el caso del 'rapel', precisa que el reflejo documental "del eventual fraude se manifestaría al margen de la cuenta justificativa y resto de documentación obrante en el expediente administrativo de subvención, y necesitaría de documentación contable y bancaria de las entidades participantes en dicha prácticas para determinar un exceso de imputación de gasto a la subvención".

ANÁLISIS DE 35 CAJAS CON DOCUMENTACIÓN

Respecto al "posible mecanismo fraudulento" del 'bote', el perito considera que "determinar su existencia resulta poco menos que imposible dada la falta de conocimientos de los peritos nombrados en determinar el precio de las cosas y, por tanto, apreciar que en una determinada factura se estuviera ante este mecanismo defraudatorio".

El perito dice que "mención aparte merece" la revisión de las 35 cajas existentes en las propias dependencias del Juzgado, de las que han sido revisadas un total de 30 en las que "gran parte de la documentación no merece consideración a efectos de la pericial".

En este procedimiento, el juez mantiene imputadas a un total de 18 personas, entre ellas los ex secretarios generales del sindicato Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla.