UGT-A exige "políticas y decisiones judiciales más eficaces" contra la violencia de género tras los últimos asesinatos

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha expresado su "más enérgica condena" a los presuntos autores de los asesinatos de cuatro mujeres y dos niños este fin de semana, que han tenido lugar en Las Pedroñeras (Cuenca), Zafarraya (Granada) y Fuengirola (Málaga), y ha exigido "políticas y decisiones judiciales más eficaces" contra la violencia de género.

El sindicato, que ha realizado una concentración de repulsa este lunes a las puertas de UGT-A en Sevilla, además de llevar a cabo otra por este motivo en la sede de UGT Málaga, advierte que estos casos "han sido crímenes, dos de ellos en Andalucía", cometidos "por sus parejas o exparejas", y señalan que "tienen todas las características de actos de violencia de género". Del mismo modo, trasladan desde la organización "todo su dolor", y ofrecen apoyo a los familiares de las víctimas.

"Seguimos siendo testigos de cómo las políticas contra la violencia de género no están siendo efectivas para erradicar esta lacra que está instaurada en nuestra sociedad, donde escuchamos por parte de un sector de la política española y andaluza cómo se blanquea la violencia de género, oyendo discursos negacionistas en los que se argumenta que la violencia dentro de la familia es la misma para hombres y para mujeres, y que no son necesarias medidas específicas para proteger a las mujeres", según ha lamentado UGT-A en una nota.

Ha apostillado el sindicato que, "si nos remitimos a los casos ocurridos este año, podemos ver que no ha sido asesinado ningún hombre a manos de su pareja o expareja, pero sí llevamos 50 feminicidios y nueve menores asesinados por violencia vicaria".

Ante esta situación, desde la secretaría de Igualdad de UGT-A exigen a las instituciones que las herramientas "de las que disponen" estas mujeres y estos menores "sean más efectivas, y que tomen las medidas necesarias para que los responsables políticos, de las fuerzas de seguridad, y de las administraciones públicas, encargados de proteger a estas mujeres en riesgo, sean más conscientes y vigilantes, para que disminuyan los casos y podamos erradicar esta lacra, que nos cuestiona como sociedad libre y democrática".