UGT-A exige que "se respete el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el trabajo" de la población extranjera

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), ha publicado este lunes un informe que asegura que la economía española "pierde" alrededor de 17.000 millones de euros --un 1,3% del PIB-- a causa de "la discriminación laboral y educativa de la población extranjera" en España, tomando como base los datos de 2022. Respecto a ello, UGT-A ha exigido que "se respete el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el trabajo de la población extranjera".

El estudio, consultado en una nota de prensa remitida por la organización sindical, divide este impacto económico principalmente en el ámbito laboral (12.300 millones de euros o el 1% del PIB) y el educativo (4.800 millones de euros o el 0,36% del PIB). Ante esto, la central sindical ha apuntado que "debe velarse" por "el derecho de toda persona a recibir un trato cortés, respetuoso y digno; el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el trabajo; y el derecho a la salud en el trabajo".

Según se ha señalado desde el Gobierno central, se está trabajando en "la promoción e implementación de diferentes medidas que fomentan la cohesión y la integración de las personas que llegan al país". Una de las herramientas principales es la aprobación, en los próximos días, de la nueva reforma del Reglamento de Extranjería con el objetivo de "facilitar, con todas las garantías jurídicas, las vías regulares para las personas migrantes y lograr su integración en la sociedad".

Hay que señalar, que "a pesar de que la tasa de actividad entre extranjeros es más alta (71%) que la de los nativos (56%)", hay "importantes diferencias" de participación laboral de las mujeres extranjeras, que tienen un 2,3% menos de probabilidad de empleo --una brecha que representa una pérdida de unos 1.200 millones de euros anuales--.

Otra forma de discriminación laboral que señala el informe es la sobrecualificación, ya que un 15% de los trabajadores extranjeros con estudios superiores "están empleados para un puesto de trabajo por debajo de su formación, un problema que también afecta más a las mujeres". Sobre la discriminación salarial, las diferencias de sueldos entre la población extranjera y la autóctona alcanzan los 500 euros mensuales. Otro dato significativo, es que la tasa de desempleo de las personas extranjeros es del 18,2 % frente al 11,6 % de la población autóctona, "lo que supone una pérdida de 5.100 millones de euros".

También los estudiantes que proceden de otro país cuentan con "más posibilidades de abandono escolar, de peor rendimiento académico, o de ser acosados en clase", ya que de acuerdo al estudio, la tasa de escolarización de estudiantes extranjeros es un 17 % inferior a la de los autóctonos, es decir, más de 222.000 jóvenes extranjeros no acceden al sistema educativo en igualdad de condiciones, "lo que tiene implicaciones directas en su desarrollo y capacidad de contribuir a la economía española".

En definitiva, según UGT-A la nueva reforma del reglamento de extranjería que el Gobierno tiene prevista realizar tiene el objetivo de "facilitar vías regulares para las personas migrantes y lograr su integración en la sociedad". Se pretende "reducir plazos, eliminar duplicidades procedimentales, trasponer varias directivas europeas pendientes y velar por los derechos humanos de todas las personas que quieren regularizarse en España".

La legislación, tanto internacional, europea y nacional, "garantiza estos derechos mediante una normativa que prohíbe tanto las discriminaciones, como el acoso". Sin embargo, el acoso en el ámbito laboral, "afecta cada vez más a un número mayor de trabajadores y trabajadoras siendo una violación de derechos fundamentales legalmente reconocidos", lo que supone un factor de "deterioro del clima laboral y un riesgo para su salud".

Por ello, desde la organización sindical han asegurado que "trabajan firmemente para conseguir una plena igualdad de trato y oportunidades, defendiendo todas las particularidades y necesidades de las personas trabajadoras; estableciendo en los convenios colectivos los ajustes necesarios para superar posibles situaciones de desventaja de los trabajadores que han nacido en otro país o están sometidos a la normativa en materia de extranjería".