Actualizado: miércoles, 13 diciembre 2017 14:25

SEVILLA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha exigido este miércoles la subida de las pensiones a un mínimo de mil euros mensuales, ya que es "fundamental" solucionar la situación actual de casi cinco millones de pensionistas que viven por debajo o en el umbral de la pobreza, así como un salario mínimo de mil euros, cifra en la que ha cuantificado el mínimo de subsitencia.

Así lo ha manifestado en su intervención en la inauguración de las jornadas 'Formas atípicas o precarias de empleo y su proyección en el sistema de pensiones con especial enfoque de género', que organiza el grupo de 'Estudios sobre pensiones suficientes, Seguridad Social Universal y Democracia' de la Fundación Largo Caballero. En ellas también ha intervenido la secretaria confederal de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mª Carmen Barrera.

Castilla ha recordado que hace dos meses cientos de jubilados y pensionistas "caminaron en columnas hasta Madrid para reclamar unas pensiones dignas y denunciar la Reforma de 2013, que se aprobó sin el consenso de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo". Unas marchas, según ha explicado, que reclamaban el apoyo ciudadano e institucional en defensa de la revalorización de las pensiones por encima de la evolución de los precios y de la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

"Esto ha provocado que el 50 por ciento de los pensionistas se sitúen por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI), y de ellos, el 38 por ciento está en riesgo de pobreza y exclusión social. También condena a los pensionistas futuros, especialmente a los jóvenes, a ver recortada su pensión, ya que, si en 2011 la pensión de un trabajador equivalía al 80 por ciento de su último sueldo, en 2060 será del 48 por ciento, por lo que los jóvenes actuales también se van a ver afectados por esta reforma", ha dicho.

Así, ha detallado que el Ejecutivo ha estimado que a partir de 2019 se producirá una reducción de la cuantía de las nuevas pensiones de jubilación del cuatro por ciento cada diez años y de manera acumulativa. Además, en una década se retrasará en casi nueve meses la edad de jubilación efectiva en España y calcula que el gasto en pensiones en las próximas décadas apenas varíe a pesar de que aumente en más de seis millones el número de pensionistas.

"En 2013 el gasto en pensiones fue del 11,8 por ciento del PIB y se estima que descenderá hasta el once por ciento del PIB hasta 2060. En definitiva, se pretende pagar las pensiones de 15 millones con el mismo gasto que actualmente", ha subrayado.

La secretaria general de UGT-A ha apuntado que, además el Gobierno ha adoptado otras medidas que "han mermado el poder adquisitivo de los pensionistas, como el copago farmaceútico". "En 2016, 400.000 pensionistas se vieron obligados a abandonar sus tratamientos médicos al no poder costear este copago", ha advertido.

A esto se suma, a su juicio, el panorama del mercado laboral actual, "el más precarizado de la historia de España". Más de la mitad de los puestos creados desde finales de 2013 son temporales y la creación de puestos de trabajo temporales ha representado el 54 por ciento del total. "Pero lo peor de todo ello es que 101 trabajadores andaluces han fallecido ya en accidente laboral", ha subrayado.

Respecto al género, ha criticado que "las mujeres no tienen el mismo acceso a los recursos, ni al empleo, ni las mismas opciones profesionales, ni ocupan los mismos sectores, ni los mismos espacios, ni distribuyen igual su tiempo, ni dedicamos igual tiempo a personas dependientes".

"Es el impacto de género, por tanto, un elemento imprescindible a tener en cuenta para corregir factores estructurales de desigualdad que contiene el sistema público de pensiones. La entrada tardía al mercado laboral, la segregación profesional vertical y horizontal al que se ven abocadas, la brecha salarial y las interrupciones de carrera para los cuidados de familiares, dan como resultado una pensión de menor cuantía", ha señalado.

Así, UGT-A ha denunciado "el sistemático incumplimiento" de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

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