Viera asegura en el juicio de los ERE que firmó el convenio marco de 2001 por su “absoluta apariencia de legalidad”

"No puedo aceptar que se plantee que un consejero de la Junta esté organizando saltarse controles de los interventores y cometer fraude"

SEVILLA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exconsejero de Empleo entre 2000 y 2004, José Antonio Viera, ha declarado este miércoles en el juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por el Gobierno andaluz y ha defendido el convenio marco promovido en 2001 para que el entonces Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) asumiese la tramitación y pago de las ayudas sociolaborales y las subvenciones a empresas, que firmó por su "absoluta apariencia de legalidad".

El que fuera secretario general del PSOE Sevilla y diputado en el Congreso ha comenzado su declaración manifestando ante el tribunal que sólo contestaría a las preguntas del fiscal y de su abogado defensor. Así, ante el representante del Ministerio Público, Viera, en cuya Consejería permanecían Antonio Fernández como viceconsejero y Francisco Javier Guerrero como director general de Trabajo, ha expresado que el consejero saliente, Guillermo Gutiérrez, le puso al tanto de la "situación de conflictividad general que había en Andalucía" a cuenta de los conflictos laborales en empresas como Santana Motor, los astilleros de Sevilla y Huelva, Boliden-Apirsa o las empresas de la Faja Pirítica de Huelva, entre otras.

Frente a estas "situaciones críticas", ha expuesto que la estrategia acordada pasaba por "prejubilaciones anticipadas" para los empleados de las empresas que ya "no tenían solución" y analizar medidas alternativas para las sociedades que aún contaban con "capacidad de resistencia", toda vez en el caso de las prejubilaciones, se optó por ayudas sociolaborales "individuales" para resolver los "dramas personales" de los trabajadores afectados. El objetivo principal de las ayudas era resolver "el drama personal" de cada trabajador.

En este contexto ha defendido el convenio marco firmado entre IFA y la Consejería, que nació después de que él mismo pidiese a Antonio Fernández que se buscase "una fórmula legal, ágil y rápida" para la concesión de las ayudas. Ha dicho desconocer quién fue el "autor" concreto de su elaboración, detallando que fue Fernández quien se lo entregó para su firma tras superar el correspondiente "circuito administrativo".

"Traía el visto bueno de todos los centros directivos" de la Consejería, ha enfatizado, asegurando que firmó dicho convenio por su "absoluta apariencia de legalidad" y esgrimiendo que "en ese momento" desconocía la regulación estatal específica que pesaba sobre ese tipo de subvenciones.

"Entendía que estaba validado por todos los instrumentos de control", ha insistido Viera, exponiendo que aunque en la gestión administrativa eran "frecuentes" las "colisiones" o "discrepancias" con la Intervención de la Junta, tales situaciones eran solucionadas y la Intervención "jamás" se dirigió a él "con un informe sobre una situación de ilegalidad".

Y del mismo modo, ha defendido que como consejero y después como presidente del IFA los responsables de la gestión de dicho departamento le trasladaban los aspectos "extraordinarios y relevantes", exponiendo que hace 14 años que dejó de ser consejero y no recuerda que nadie le trasladase "una situación de alarma" por supuestas faltas de liquidez en el IFA o "reparos o discrepancias" directas de la Intervención por la actividad de dicho organismo.

PAPEL "FUNDAMENTALMENTE POLÍTICO"

Además, Viera ha expuesto que su Consejería contaba con "18 centros directivos" y su papel era "fundamentalmente político" y no de carácter "gestor", circunscribiendo al ámbito "representativo" su cargo de presidente del IFA. En esa línea, ha manifestado que tenía "una idea general" de la fiscalización implantada en la Administración andaluza pero no conocía "al detalle" los procedimientos relativos al IFA.

Ante las preguntas del Ministerio Fiscal sobre las concesiones de ayudas a empresas o corporaciones locales, Viera ha querido "dejar claro" que la Consejería "no estaba para eludir los controles de la Intervención". "No puedo aceptar que se plantee que un consejero de la Junta esté organizando para saltarse los controles de los interventores y cometer fraude, no me entra en la cabeza", ha añadido antes de reiterar que "presumir que un dirigente político llegue a una Consejería para eludir controles de fiscalización y legalidad es un sinsentido".

El fiscal ha preguntado sobre la ayuda a la empresa sevillana de cerámica Pickman y sobre el fraccionamiento de pago de las ayudas en este expediente y Viera ha indicado que él asistió a las reuniones para abordar la situación de la empresa, pero precisa que cuando firma con el representante de Pickman el convenio, "estoy convencido de su legalidad, no tenía que tener sospechas".

Además, ha negado que el fraccionamiento de las ayudas "pudiera hacerse para eludir la Intervención, y si se fraccionó fue por una mecánica interna de la Dirección General de Trabajo", quien tenía las competencias para dictar las resoluciones de concesión de las ayudas.

Preguntado por la declaración de Guerrero ante la juez Núñez Bolaños en la que confirmó que a cargo de la partida 31L se pagaron 900.000 euros, por compromiso del consejero de Empleo, para atender un problema del Servicio de Emergencias 112 de Andalucía", Viera ha recordado el convenio firmado con la Consejería de Gobernación en diciembre de 2002, pero ha matizado que en él se recoge que los directores generales de ambos departamentos "desarrollarían" el acuerdo. "Cuando firma ese convenio, sin duda alguna, ha pasado todos los trámites correspondientes", ha afirmado, argumento que ha utilizado para otros ejemplos de gastos de la partida 31L.

"ES DIFÍCIL UN CONOCIMIENTO EXHAUSTIVO"

En este punto, ha defendido que "es difícil que pueda tener conocimiento exhaustivo de cada una de las partidas o decisiones que se toma. Hay cosas de gran importancia social como Santana, Boliden o Astilleros, en las que el consejero participa en la decisión política de apoyar una solución, pero son los órganos administrativos quienes llevan el procedimiento". En este sentido, también ha manifestado que el director general, cuando adopta una decisión, "lo hace con el apoyo de sus técnicos, porque es difícil que los directores generales conozcan todas las normativas".

Al respecto de las ayudas a Santana y sobre si se abordaba la situación en los Consejos de Gobierno de la Junta, Viera ha indicado que sólo informaba de conflictos concretos y ha asegurado que el presidente de la Junta Manuel Chaves "no tenía conocimiento sobre los instrumentos que se vehiculaban para la reorganización de Santana. Conocía el problema, pero no los instrumentos".

Entre otras cuestiones, Viera ha reconocido haberse reunido con el ex director general de Trabajo Juan Márquez en una sede del PSOE para pedir información sobre dos expedientes relativos a ayudas a una empresa del sector del corcho y un hotel en la Sierra Norte y ha afirmado que el grado de conocimiento sobre Rosendo y Sayago, más allá de la instrucción del caso, es "cero". "Jamás me he reunido con ellos para discutir nada sobre su holding de empresas", ha afirmado taxativamente.

Viera, cuestionado por su defensa tras casi tres horas de interrogatorio del Ministerio Fiscal, ha señalado que no conocía que las ayudas del Gobierno, al amparo de la Orden ministerial de 1995, se dieran sin concurrencia y publicidad, hasta que no ha tenido constancia de las declaraciones de ex altos cargos del Ministerio de Empleo o de informes remitidos por el director general de Empleo, Javier Thibault, a la juez Núñez Bolaños sobre las ayudas extraordinarias concedidas a trabajadores entre 1995 y 2012 a nivel estatal, que ascienden a más 1.000, afectando a más de 23.000 trabajadores y para las que se destinaron 416 millones.